Fundación Pro-Defensa del Derecho a la Educación y la NIñez

abril 14, 2011

Otros dos niños waraos mueren en Cambalache

Filed under: la voz que rompe el silencio, noticias — Etiquetas: , — prodefensadelaeducacion @ 11:18 am

La tragedia que vive la comunidad warao que habita en Cambalache (estado Bolívar) no termina. Ayer dos niños indígenas fallecieron por desnutrición y falta de atención médica. Con estos ya suman cinco los infantes que han muerto por el abandono de las autoridades, quienes desde el miércoles no han emitido ningún pronunciamiento y mucho menos se han acercado a este poblado a escuchar reclamos y proveer asistencia.

Guillermo Van Zeland, sacerdote y líder del Grupo Cambalache de la Iglesia Católica que lleva más de 10 años cooperando con la comunidad, reseña que “ahora hay una situación de emergencia, nosotros hemos ido a la Alcaldía, yo he acompañado a la gente para pedir apoyo porque es demasiado, nosotros no damos abasto para atender a la gente, pero esto que está pasando es muy grave”.

Señala en cuanto a las autoridades que “lo único que ofrece la Alcaldía son urnas, y nosotros queremos vida, que es otra cosa. El hecho de que -los indígenas- trabajen en la basura, que contamina todo, esto tiene su repercusión y su precio. También viven allá cerca del río donde el agua está contaminada, están desnutridos, aquí no hayMercal, no hay Pdval, o sea pagan dos o tres veces el precio y no tienen para comer, sólo les alcanza las patas y las alas por decirlo así, no están bien nutridos y viene con un virus que hay y van cinco muertos en una semana”.

 

marzo 18, 2011

APURE: amenazan de muerte a presidenta A.C.P.R por denunciar corrupcion en el PAE

Nos Envian el Siguiente  correo: denuncias.educativas@gamil.com

les escribo a la ONG PRODEFENSA DE LA EDUCACION para decirle: luche contra viento y marea para registrar una asociacion civil en la E.P.B LEONARDO AGRINZONES EN EL ESTADO APURE MUNICIPIO BIRUACA pues resulta que tiene una apertura de averiguacion por hechos de corrupcion que yo ya habia evidenciado pues el proveedor conjuntamente con la directora pretenden que firme una orden de compra en blanco no me quedo mas remedio que renunciar no hay donde denunciar todos pues el me dijo en mi cara que la jefa de zona estaba al tanto pues que ella le firme POR FAVOR AYUDA PORQUE  TENGO MIEDO PUES ES UN MONSTRUO DEL CUAL YA NADIE TIENE CONTROL Y ME VINE A METER EN LA CUEVA DEL LOBO, PIDO A LA FISCALIA SEGURIDAD PARA MI FAMILIA PARA MI NO PUES YA ESTOY EN EVIDENCIA HAY MUCHO SICARIATO EN NUESTRA POBLACION SOLO QUIERO QUE MI CAUSA NO VAYA A VALER LA PENA LOS DENUNCIE POR RADIO Y RECIBO AMENAZAS MUERTE AYUDAAAAAAAA PARA LOS NIÑOS DEL LEONARDOOOOOOO¿¿¿¿¿¿¿

 

http://twitter.com/defendiendoDDHH

julio 12, 2010

ANZOTEGUI:“ESMEN ROSS” estaria contactando a otros directores para crear la asociacion civil “con mis constribuciones no te metas”

Esmen Ross de Pereira 001La Ciudadana Directora de la Escuela Bolivariana “Julián Temístocles Maza” ESME ELENA ROSS DE PEREIRA, en virtud de las denuncias hechas por padres y representantes  ante las Instancias Regionales del Estado y mas recientemente en los medios de comunicación Impresos y Televisivos, presuntamente ESTARIA CONTACTANDO A  varios directores colegas  amigos  haciendoles un llamado de ALERTA, que pongan mano dura  para que otros  padres y representantes no se revele como lo hizo la Asociación Civil de Padres y Representantes de la escuela que dirige, que se atrevieron a  romper el silencio , dichas   recomendaciones  son sugeridas y se  las estaría dando su “Amiga Personal” la Jefa de Educación Regional Anzoátegui PROVIDENCIA LIMAS, la cual  presuntamente  apoya  al cobro de matricula escolar en las escuelas publicas y la explotación infantil.  y  ella tambien les estarian haciendo un llamado a  los directores que cobran en Escuelas publicas a que tomen control en sus escuelas y que no permitan que las Asociaciones Civiles de Padres y Representantes  hagan lo mismo que hicieron los de la Asociación Civil de Padres y Representantes  de la Escuela”JULIAN TEMISTOCLES MAZA que se revelaron  a seguir pagando los peajes escolares.  ESMEN ROSS DE PEREIRA, estaria  con una actitud desafiante y amenazante diciendo “cuidado  me sancionan por cobrar matricula escolar” a la nueva  Ministro de Educación YENIFER GIL, por las denuncias que le habria hecho la asociacion civil de su escuela  del cobro de matricula,  ya que ponen en duda si la Ministra de Educación de verdad se atreverá a sancionarla a ESMEN ROSS o a cada Director de Escuelas Publicas que sea sorprendido realizando  cobros escolares disfrazados  de “colaboraciones económicas”. Los demás directores comerciantes o explotadores de la infancia escolar  dicen: que tienen Derecho   asegurar su futuro económicamente, de salir jubilados millonarios. según muchos de los directores; solo deben estar en la Escuela los niños que sus padres puedan pagar y que guarden silencio cuando sus hijos  sean explotados Porque eso estaría  presuntamente autorizado y apoyado por PROVIDENCIA LIMAS Autoridad Única en Educación  Anzoátegui, de cobrar el derecho al estudio, y es que . Ante el trabajo titánico que lleva la ONG PRODEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACION Y LA INFANCIA en contra de la mafia educativa  que operan en la Educación venezolana, al parecer la directora en cuestión decidió contactar a sus otras posibles aliados en crear la ASOCIACION CIVIL ”CON MIS CONSTRIBUCIONES NO TE METAS” idea que nació en un principio por la directora  SONIA VILA DE  LA ESCUELA BARRIO SUCRE  y no se le concreto por las diferencias  entre los  directores  que lo conformarían y al parecer las diferencias serian mayormente por la repartición de la ganancias del dinero  que se pudiera recaudar en las escuelas y que los directores contactados  no querían pagar cuotas a dicha señora supuestamente para tramites y funcionamiento de la organización , entre los directores que estaría siendo contactados  presuntamente por ESME DE PEREIRA DE LA ESCUELA JULIAN TEMISTOCLES MAZA para formar el equipo que pudieran estar organizando sicariatos  entre otras posibles acciones en contra de los miembros  de la ONG  y de los padres que se revelaron a seguir pagando cuotas económicas, (vacunas) que contaría  para conformar la asociacion civil  “CON MIS CONSTRIBUCIONES NO TE METAS” presuntamente con  LA DIRECTORA MARYORI LOPEZ DE LA ESCUELA ANTONO MATA MEDINA, EL DIRECTOR HECTOR SANCHEZ DE LA ESCUELA PUENTE AYALA , LA DIRECTORA YAHAIRA MAITA FERRER DE LA ESCUELA JUAN MANUEL CAJIGAL, LA DIRECTORA RICARDA SANCHEZ DE LA ESCUELA  MANUEL FARIAS LUCES, LA DIRECTORA: ISIDRA LOZANO DE LA ESCUELA TECNICA FELIPE GUEVARA  ROJAS ,EL DIRECTOR QUE APODAN EL “ADECO” EDDY CAMPOS DE LA ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE, DIRECTORA ESMERALDA HANZ DE LA ESCUELA EULALIA BUROZ  ENTRE OTROS

los profechoros organizandose en la asociacion para delinquir para seguir en accion  robando  dinero  a los estudiantes protegidos y apoyados por jefes de la mafia de la  Educacion

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Los Negocios Multimillonarios de Directores en las Escuelas Venezolanas


SIN EDUCACION POPULAR NO HAY REVOLUCION

julio 2, 2010

Mafias y Corrupción Controlan la Educación en Venezuela

Es una estructura de un Estado dentro del Estado que ningún gobierno a podido combatir y en el paso de los años se fortalece y crece en un país como Venezuela rico en recursos no renovables como el petróleo y otros minerales pero sufre de la mayor exclusión social y pobreza existente, en Venezuela EL 99% DE LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS PUBLICAS SON  MERCANTILISTAS bajo la figura de la palabra colaboración, los procesos de inscripción se realizan cobros del derecho a la educacion en las escuelas publicas, se sujetan a contribuciones económicas condicionadas, que si no son canceladas por padres y representantes se les niega el cupo, la permanencia del niño en el sistema escolar, esta condicionada a la explotacion infantil con el  pago de matriculas escolares semanales y mensuales, la estrategia consiste en exigir dinero para la compra de materiales de oficina, de limpieza, supuestamente por que el Estado Venezolano no dota las Instituciones Educativas, se obligan a los niños a dar el dinero de su merienda, a comprarles las franelas de manera obligatorias que venden las escuelas,  a vender rifas, pagar por el carnet, constancia de estudios, boletas, uniformes de pre- militar, hacer cantinazos y la compra de lista de útiles escolares condicionadas por el negocio que hacen el Directivo de las Instituciones Educativas con las Editoriales, y  finalizando el año escolar obligan a padres y representantes a pagar que el costo del paquete de promoción que no supera los 50.Bfs el costo real ,El directivo de la institución educativa lo revende en 300. Bfs o mas dependiendo del lugar donde este ubicada la Escuela quedándole una gran ganancia económica,, todas estas estrategias buscan  recolectar por niño mas de  1.000 MIL  de BFS,  por año escolar, al multiplicar la recolecta por la matricula escolar que siempre supera los 1000 alumnos en los  colegio públicos por el hacinamiento del crecimiento de la población y la falta de construcción de nuevas escuelas ,esta situación es aprovechada por la corrupción y los directivos de las escuelas publicas convierten a la institución en un mercado educativo de educadores pasan a ser buhoneros de la educación se les cobran y se les venden el derecho a la educación a los niños de los sectores populares de escaso recursos,  los que no puedan pagar las contribuciones económicas, la alternativa que les queda  es asistir al Plan Emergente Bolivariano que consiste en espacios alternativos(ranchos) en condiciones infrahumanas, que no reciben el programa alimenticio (PAE), (more…)

junio 1, 2010

Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*

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ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La lucha de las mujeres en el mundo para lograr el reconocimiento de sus derechos humanos, sociales y políticos y el respeto a su dignidad, se ha desarrollado durante siglos y tuvo una de sus expresiones más elevadas en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1789. Su proponente, Olympes de Gouges, no logró que los revolucionarios franceses aprobaran tal declaración, y al contrario, su iniciativa fue una de las causas que determinaron su muerte en la guillotina.

Un gravísimo problema, contra el cual luchan en la actualidad las mujeres en el planeta entero, es la violencia que se ejerce contra ellas por el sólo hecho de serlo. La violencia de género encuentra sus raíces profundas en la característica patriarcal de las sociedades existentes hoy día, en las que prevalecen estructuras de subordinación y discriminación hacia la mujer. La consolidación de estas estructuras se ha logrado mediante el uso prevalerte de un lenguaje androcentrista, la conformación de conceptos y valores que descalifican sistemáticamente a la mujer, sus actividades y sus opiniones, la exclusión mayoritaria de las mujeres de todas las estructuras de poder, y la estructuración y transmisión de un pensamiento según el cual lo masculino es siempre superior a lo femenino. Es así como cualquier negativa o rechazo a la autoridad masculina es vivido por el hombre agresor como una trasgresión a un orden “natural” que “justifica” la violencia de su reacción en contra de la mujer. Se trata, pues, de una violencia que se dirige sobre las mujeres por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos fundamentales de libertad, respeto, capacidad de decisión, y sobre todo, del derecho a la vida.

Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, pues constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos humanos fundamentales de las mujeres como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución.

La Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de 1995 reconoció que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la mitad de la Humanidad. Además la define ampliamente como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. De allí que en la presente ley la violencia de género queda delimitada claramente por el sujeto que la padece: las mujeres.

Si bien el fenómeno de la violencia contra la mujer, gracias a la acción de las organizaciones de mujeres y de las instituciones oficiales y privadas que luchan contra dicho fenómeno, ha logrado una mayor visibilización, produciéndose un cambio en la percepción pública del fenómeno, dejando de ser un problema exclusivamente privado, es mucho lo que aún queda por hacer para resolverlo. Más aún, ha tomado proporciones preocupantes en el mundo, y nuestro país no es precisamente una excepción, constituyendo un problema de salud pública que alcanza cifras alarmantes. Tres ejemplos bastan: cada 10 días muere una mujer por violencia de género en Caracas. E l Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, reporta aproximadamente 3.000 casos anuales de violencia sexual, cifra que representa un porcentaje limitado de la realidad si se toma en cuenta de que sólo un 10% de los casos son denunciados. En los últimos diez meses de 2004 se atendieron más de 8.520 mujeres víctimas de Violencia intrafamiliar en las ONG. (AVESA, FUNDAM, CEM-UCV)

La importancia de este fenómeno ha hecho que la comunidad internacional legisle sobre la materia, reconociendo la violencia de género como una violación de los derechos humanos de las mujeres. La violencia de género ha sido objeto de estudio principalmente bajo el impulso del Decenio de Naciones Unidas para la Mujer (1975-1985), que contribuyó poderosamente a sacar a la luz este problema. En ese marco internacional se han producido importantes convenciones y tratados que, de acuerdo al artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son hoy día ley de la República. Entre los más importantes, tenemos: la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 18 de diciembre de 1979, documento jurídico de mayor autoridad en relación con los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, proclamada en 1993 por la Asamblea General con motivo de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, entre otras.

Y, más recientemente, es necesario señalar las Resoluciones de la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en Pekín en 1995, donde se obtuvo el reconocimiento de que cualquier forma de violencia que se ejerza contra las mujeres constituye una violación de sus derechos humanos.

La Unión Europea ha dado también gran importancia a este tema, dictando al respecto diversas resoluciones, recomendaciones, declaraciones y acciones que reconocen la necesidad de combatir este fenómeno. Desde la Conferencia de Pekín, ha crecido la sensibilidad europea en torno al tema y se han hecho esfuerzos por unificar criterios y concertar acciones para que los derechos fundamentales de las mujeres sean reconocidos y protegidos, desarrollándose iniciativas como la del Parlamento Europeo que en el año 1997 promovió la Campaña de Tolerancia Cero frente a la violencia contra las mujeres.

En América Latina también se ha legislado en la materia, durante estos últimos años Bolivia, Colombia, Perú, México (1998), Nicaragua (1996), Panamá (1995), Paraguay, Las Bahamas y República Dominicana (1997), han aprobado leyes o artículos de reforma a sus respectivos Códigos Penales para sancionar la violencia contra la mujer.

En Venezuela, los movimientos de mujeres, con su accionar sistemático y permanente en el tiempo, han obtenido logros importantes en el reconocimientos de sus derechos; sin embargo, es en el año 1999, con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando se obtiene el mayor logro que marca un hito en la historia de luchas de las mujeres en nuestro país, al visibilizar a las mujeres e incluir la perspectiva de género en la carta Magna. Sin embargo ello no es suficiente, es importante acelerar los procesos de reforma y elaboración de las leyes necesarias para hacer real y efectivo ese reconocimiento de los derechos de las mujeres contenidos en nuestra Constitución.

Es importante resaltar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promueve la construcción de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, lo cual constituye la base fundamental para el desarrollo y elaboración de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Con esta Ley se pretende dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar, por parte del Estado, el goce y ejercicio irrenunciable e interdependiente de los derechos humanos de las mujeres, así como su derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, sin más limitaciones que las derivadas del derecho de los demás y del orden público y social. Por ello el Estado está obligado a brindar protección frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la integridad de las mujeres, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, mediante el establecimiento de las condiciones jurídicas y administrativas necesarias y la adopción de medidas positivas a favor e éstas para que el ejercicio de sus derechos y la igualdad ante la ley sea real y efectiva.

La vigente Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, aprobada en el año 1998, fue un paso importante en la lucha de las mujeres venezolanas por sus reivindicaciones. Pero la complejidad del fenómeno social que intentó abordar superó en la práctica sus alcances. Es por ello que desde comienzos del año 2004 la Asamblea Nacional, a través de la Subcomisión de los Derechos de la Mujer de la Comisión Permanente de Familia, Mujer y Juventud, se había venido ocupando de dar respuesta legislativa a las carencias de la ley vigente dentro del marco institucional de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que promueve como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación: la vida, la justicia, la libertad y la igualdad

El recurso interpuesto por la Fiscalía General de la República, solicitando la nulidad parcial de algunas de las medidas cautelares contenidas en la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, produjo la movilización de las organizaciones de mujeres y de diversas instituciones y la apertura de un amplio debate que condujo finalmente a la constitución de un equipo mixto interinstitucional (Instituto Nacional de la Mujer. Defensoría del Pueblo y Ministerio Público) para la elaboración de un anteproyecto de ley en la materia. Este anteproyecto fue entregado a la sub. comisión de Derechos de la Mujer en marzo de este año y desde entonces ha sido sometido a la consideración de los distintos entes del Estado involucrados en la materia, de múltiples especialistas y de organizaciones de mujeres; y ha sido consultado ampliamente en jornadas de parlamentarismo de calle.

Se le ha dado a esta Ley un carácter orgánico con la finalidad de que sus disposiciones primen sobre otras leyes, ya que desarrolla derechos constitucionales e intenta cubrir todas las posibles situaciones en la que se muestra esta violencia, por ello se establecen en la misma todas las acciones y manifestaciones de la violencia de género, tanto en el ámbito intrafamiliar como fuera del mismo, dando paso a nuevas definiciones como la violencia institucional, mediática, patrimonial y laboral, entre otras, que afectan a las mujeres en diferentes espacios de su desempeño social.

Como es hoy plenamente reconocido por especialistas y organizaciones internacionales, la violencia de género constituye un problema estructural, de allí que se le haya dado un enfoque multidisciplinario e integral en esta Ley, dando especial importancia a las medidas de sensibilización, educación y prevención, y mejorando los mecanismos de protección a las víctimas mediante la ampliación de las medidas cautelares en su defensa, y se prevén acciones que reduzcan los terribles efectos que la violencia produce en las víctimas. La Ley establece medidas de sensibilización e intervención en al ámbito educativo y se refuerza, con referencia concreta al ámbito de la publicidad, una imagen que respete la igualdad y la dignidad de las mujeres. Con tales medidas de sensibilización y el establecimiento de sanciones para los que violen las normas que en la materia aquí se establecen, se busca erradicar pautas de conducta sexista que propician este tipo de violencia.

La aprobación de esta Ley contribuye a eliminar el silencio social y la falta de acciones concretas, permitirá al sistema de justicia contar con instrumentos legales para realizar acciones coercitivas eficaces y eficientes que sancionen a los responsables de los hechos de violencia que afectan a las mujeres que tienen que acudir al sistema de justicia, para hacer que se respeten sus derechos a gozar de una vida libre de violencia de género.

Con esta Ley se pretende crear conciencia en todos los sectores del país sobre el grave problema que constituye para la sociedad venezolana que se vulneren los derechos humanos de la mitad de su población, de allí que contemple un amplio espectro de acciones de índole preventiva y educativa, a cargo de las instituciones del Poder Ejecutivo que tienen la responsabilidad de sensibilizar a toda la población frente a este grave problema de profundas raíces culturales, y de educar a todos sus habitantes para la construcción de una sociedad en la que realmente se respeten los derechos humanos de las mujeres. Igualmente, se da gran importancia a las acciones de formación del personal que debe atender a las víctimas de violencia de género y a los victimarios, garantizando una atención oportuna que preserve los derechos humanos de las víctimas, al igual que un tratamiento adecuado al victimario, al que se le garantizan el derecho a la defensa y una posibilidad de reeducación en materia de género.

Se apoya a la mujer objeto de violencia a través del reconocimiento de derechos como el de la información, la asistencia jurídica gratuita y otros de protección social y apoyo económico. Proporciona por tanto una respuesta legal integral que abarca tanto las normas procesales, creando nuevas instancias, como normas sustantivas penales y civiles, incluyendo la debida formación de los y las funcionarios/ as responsables de la correcta aplicación de la ley.

Capitulo I

Disposiciones Generales

Objeto

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad democrática, participativa, paritaria y protagónica.

Principios rectores

Artículo 2.- A través de esta Ley se articula un conjunto integral de medidas para alcanzar los siguientes fines:

•  Garantizar a las mujeres objeto de violencia basada en género, sus derechos exigibles ante los órganos y entes de la administración pública, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto.

•  Fortalecer políticas de prevención de la violencia contra las mujeres y de la discriminación de género. Para ello se dotarán a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, laboral, servicios sociales, sanitarios, publicitarios y mediáticos.

•  Garantizar los derechos de las mujeres objeto de violencia en el ámbito familiar, publico, laboral, exigibles ante las administraciones públicas (nacional, estadal, municipal y local), asegurando un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto.

•  Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las mujeres objeto de violencia.

•  Coordinar los recursos presupuestarios e institucionales de los distintos poderes públicos, para asegurar la atención, prevención y erradicación de los hechos de violencia contra las mujeres, así como, la sanción adecuada a los culpables de los mismos, implementando medidas socioeducativas para su rehabilitación.

•  Promover la participación y colaboración de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde las comunidades actúan contra la violencia hacia la mujer.

•  Garantizar el principio de transversalidad de las medidas de sensibilización, prevención, detección y de seguridad y protección de manera que en su aplicación, se tengan en cuenta los derechos, necesidades y demandas específicas de todas las mujeres objeto de violencia de género.

•  Fomentar la especialización y la sensibilización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y protección a las mujeres objeto de violencia de género.

•  Garantizar los recursos económicos, profesionales, tecnológicos, científicos y de cualquiera otra naturaleza, que permitan la sustentabilidad de las medidas, misiones, programas, proyectos y toda otra iniciativa orientada a la prevención, castigo y erradicación de la contra las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos.

•  Establecer y fortalecer medidas de seguridad y protección y medidas cautelares que garanticen los derechos protegidos en la presente ley y la protección personal, física, emocional, laboral y patrimonial de la mujer objeto de violencia basada en género.

•  Establecer un sistema integral de garantía de los derechos desarrollados en esta Ley en el que el órgano rector de políticas publicas hacia las mujeres, conjuntamente con todos los órganos del Estado con competencia en la materia, tomando en cuenta y apoyándose en los aportes de las mujeres organizadas del país, impulse la creación y aplicación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las mujeres objeto de violencia de género prevista en esta ley.

Derechos protegidos

Artículo 3.- Esta Ley abarca la protección de los siguientes derechos:

•  El derecho a la vida,

•  La protección a la dignidad e integridad física, psicológica, sexual y jurídica de las mujeres objeto de violencia, en los ámbitos públicos y privados.

•  La igualdad de derechos entre el hombre y la mujer

•  La protección de las mujeres particularmente vulnerables a la violencia basada en género.

•  El derecho de las mujeres victimas de violencia a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las Administraciones Públicas, central, estatal y municipal. Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta Ley relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, así como lo referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral.

•  Los demás consagrados en la Constitución y en todos los convenios y tratados internacionales en la materia, suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, tales como la Ley Aprobatoria de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), entre otros.

Capítulo II

De las Garantías de los Derechos

Las Garantías de los derechos de las mujeres

Objeto de violencia de género

Artículo 4.- Todas las mujeres con independencia de su nacionalidad, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tienen garantizados los derechos reconocidos en esta Ley.

•  La información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica a las mujeres objeto de violencia de género, son responsabilidad del Estado Venezolano.

•  En el caso de las mujeres que pertenezcan a los grupos especialmente vulnerables, el Instituto Nacional de la Mujer, así como los Institutos regionales y Municipales, debe asegurarse de que la información que se brinde a los mismos, se ofrezca en formato accesible y comprensible, asegurándose el uso de la lengua española, de las lenguas indígenas, de otras modalidades u opciones de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos. En fin, se articularán los medios necesarios para que las mujeres objeto de violencia de género que por sus circunstancias personales y sociales puedan tener una mayor dificultad para el acceso integral a la información, tengan garantizado el ejercicio efectivo de este derecho.

•  Las mujeres objeto de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de protección, de apoyo y acogida y de recuperación integral. En cada Estado y Municipio se crearán dichos servicios, con cargo al presupuesto anual. La atención que presten dichos servicios deberá ser: permanente, urgente, especializada y multidisciplinaria profesionalmente y los mismos serán financiados del Estado.

•  Los servicios enunciados en el literal anterior, actuarán coordinadamente y en colaboración con los órganos de seguridad ciudadana, los Jueces y las Juezas, los Fiscales y las Fiscales, los servicios sanitarios y la Defensoría de los derechos de las mujeres. También tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos servicios sociales, los niños, niñas y adolescentes, que se encuentren bajo la potestad parental o responsabilidad de crianza de la mujer objeto de violencia.

•  El ente rector de las políticas públicas dirigidas hacia la mujer, los institutos regionales y municipales de la mujer, así como las otras organizaciones, asociaciones o formas comunitarias que luchan por los derechos de las mujeres objeto de violencia de género, orientarán y valorarán los programas, proyectos y acciones que se lleven a cabo y emitirán recomendaciones para su mejora y eficacia.

•  La Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, así como las defensorías regionales y municipales, velarán por la correcta aplicación de la presente Ley y de los instrumentos cónsonos con la misma, así como por los derechos de las mujeres objeto de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, teniendo derecho a la representación judicial y extrajudicial, prestándoles el patrocinio necesario que garantice la efectividad de los derechos aquí consagrados. Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la mujer objeto de violencia.

•  Los Colegios de Abogados y abogadas, de Médicos y Médicas, de Psicólogos y Psicólogas y/o Psiquiatras, de Enfermeros y Enfermeras de los distintos Estados que cobren honorarios mínimos o tengan ingresos provenientes de sus agremiados y agremiadas, deben prestar asesoría especializada integral a las mujeres objeto de violencia de género

•  La trabajadora objeto de violencia de género, tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a ser movilizada geográficamente o al cambio de su centro de trabajo. Si el estado de la mujer objeto de violencia requiriere una suspensión laboral, la misma deberá ser acreditada con la orden de protección del Juez o de la Jueza o el Informe del Ministerio Público, bastando la existencia de indicios. La mujer objeto de violencia deberá someterse a un programa de recuperación integral que quedará a cargo del Instituto Nacional de la Mujer, o del ente rector de las políticas de género en el país de los Institutos Regionales y Municipales y demás entes involucrados en el cumplimiento de la presente ley.

•  El Estado desarrollará políticas especiales dirigidas a las mujeres objeto de violencia que carezcan de trabajo pudiendo ser insertadas en los programas, misiones y proyectos de capacitación para el empleo, según lo permitan las condiciones físicas y psicológicas en las cuales se encuentre. Si la mujer objeto de violencia tuviera reconocida oficialmente una discapacidad que le impida u obstaculice el acceso al empleo, recibirá una atención especial que permita su inserción laboral y su capacitación. Para ello se establecerán programas, proyectos y misiones. El Estado creará exenciones tributarias a las empresas, cooperativas y otros entes que promuevan el empleo, la inserción y reinserción en el mercado laboral y productivo de las mujeres objeto de violencia de género.

•  Las mujeres objeto de violencia de género tendrán prioridad para las ayudas y asistencias que cree la Administración pública, nacional, estatal o municipal.

•  Las mujeres objeto de violencia de género tendrán prioridad en el acceso a la vivienda, a la tierra, al crédito y a la asistencia técnica.

Artículo 5.- El Estado tiene la obligación indeclinable de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar el cumplimiento de esta Ley, a los fines de garantizar los derechos humanos de las mujeres objeto de violencia.

Artículo 6.- La sociedad tiene el derecho y el deber de participar de forma protagónica para lograr la vigencia plena y efectiva de la presente Ley, de forma individual o colectiva, a través de las organizaciones comunitarias y sociales.

Articulo 7.- El Estado con la activa participación de la sociedad, debe garantizar programas permanentes de formación, educación e información de la prevención de la violencia en contra de las mujeres.

Principios procesales

Artículo 8.- En la aplicación e interpretación de esta Ley, deberán tenerse en cuenta los siguientes principios y garantías procesales:

1. Gratuidad: Las solicitudes, pedimentos, demandas y demás actuaciones relativas a los asuntos a que se refiere esta Ley, así como las copias certificadas que se expidan de las mismas se harán en papel común y sin estampillas. Los funcionarios y las funcionarias de los poderes públicos que en cualquier forma intervengan, los tramitarán con toda preferencia y no podrán cobrar emolumento ni derecho alguno, ni aceptar remuneración.

2. Celeridad: los órganos receptores de denuncias, auxiliares de la administración de justicia en los términos del artículo 114 del Código Orgánico Procesal Penal, y los tribunales competentes, darán preferencia al conocimiento y trámite de los hechos previstos en esta Ley, sin dilación alguna, en los lapsos previstos en ella, bajo apercibimiento de la medida administrativa que corresponda al funcionario o la funcionaria que haya recibido la denuncia.

3. Inmediación: El juez o la jueza que ha de pronunciar la sentencia debe presenciar la audiencia y la incorporación de las pruebas de las cuales obtiene su convencimiento, salvo en los casos que la Ley permita la comisión judicial para la evacuación de algún medio probatorio necesario para la demostración de los hechos controvertidos, las cuales serán discutidas en la audiencia de juicio. Se apreciaran las pruebas que consten en el expediente e incluso las incorporadas en la audiencia.

4. Confidencialidad: los funcionarios y las funcionarias de los órganos receptores de denuncias, de las Unidades de Atención y Tratamiento y de los tribunales competentes, deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se sometan a su consideración;

5. Oralidad: Los procedimientos serán orales y sólo se admitirán las formas escritas previstas en esta Ley.

6. Concentración: Iniciada la audiencia, esta debe concluir en el mismo día. Si ello no fuere posible, continuará en un lapso que no excederá los diez (10) días hábiles.

  1. Publicidad: El juicio será público, salvo que a solicitud de la mujer objeto de violencia, éste se celebre total o parcialmente a puerta cerrada, debiendo informársele previa y oportunamente, que puede hacer uso de este derecho.

8. Protección de las victimas: Las victimas de los hechos punibles aquí descritos, tienen el derecho a acceder a los órganos especializados de justicia civil y penal de forma gratuita, expedita, sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles, sin menoscabo de los derechos de los imputados o acusados. La protección de la victima y la reparación del daño a la que tengan derecho serán también objetivo del procedimiento aquí previsto.

Definición de medida cautelar, de seguridad y de protección

Artículo 9.- Estas medidas son aquellas que impone la autoridad competente señalada en esta Ley, para salvaguardar la vida, proteger la integridad física, psicológica o bienes patrimoniales de la mujer con el objeto de ampararla.

Supremacía de las normas de protección sobre                                            la violencia contra las mujeres.

Artículo 10.- Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación preferente por ser Ley Especial sin menoscabo de los derechos de la mujer.

Fuero

Artículo 11.- En todos los delitos previstos en esta ley no se reconocerá fuero especial, salvo los expresamente contenidos en las leyes de la República.

Preeminencia del Procedimiento Especial

Artículo 12.- El juzgamiento de los delitos de que trata esta ley, se seguirá por el procedimiento especial aquí previsto

Intervención de Equipo Interdisciplinario

Artículo 13.- En la recepción de las denuncias y en la investigación procesal de los hechos de que trata esta Ley, se utilizará personal debidamente sensibilizado, concientizado y capacitado en violencia basada en género. Los respectivos despachos estarán dotados de sala de espera para personas imputadas, separada de las otras, destinadas para las victimas.

Capitulo III

Definiciones de las Formas de Violencia contra las Mujeres

Artículo 14.- La violencia contra las mujeres a que se refiere la presente Ley, comprende todo acto de violencia sexista basado en la discriminación y en las relaciones de desigualdad y en las relaciones de poder asimétricas entre los sexos que subordinan a la mujer, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, económico o patrimonial para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada, y que abarca sin limitarse a estos actos, la violencia domestica, la violencia laboral, la violencia en los espacios de estudio, violencia obstétrica, violencia ginecológica, la violencia mediática, la violencia simbólica, el acoso sexual, el hostigamiento, el acceso carnal violento, la trata de mujeres, la pornografía, la violencia contra las empleadas domésticas, la prostitución forzada, la explotación sexual comercial, la explotación económica, el feminicidio y cualquier otra forma de violencia en contra de las mujeres.

Artículo 15.- Se consideran formas o modalidades de violencia en contra de las mujeres las siguientes:

a)Violencia doméstica: es toda conducta activa u omisiva constante o no, de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación, persecución o amenaza contra la mujer por parte del cónyugue, el concubino, ex cónyugue, ex concubino novio o ex novio ascendientes, descendientes y parientes colaterales.

b)Violencia física: es toda acción u omisión que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a la mujer, tales como, lesiones internas y/o externas, heridas, hematomas, quemaduras, empujones o cualquier otro maltrato que afecte su integridad física.

c)Violencia Psicológica: es toda conducta activa u omisiva ejercida en deshonra, descrédito o menosprecio al valor o dignidad personal, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, marginalización, negligencia, abandono, celotipia, comparaciones destructivas, amenaza de separarla de los hijos e hijas; actos que conllevan a la mujer objeto de violencia a disminuir su autoestima, a perjudicar o perturbar su sano desarrollo, a la depresión e incluso al suicidio.

d)Violencia Sexual: es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntaria y libremente su sexualidad, comprendiendo ésta no sólo el acto sexual, sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital.

e) Acceso Carnal Violento: es el acto por el cual el hombre ejerza violencia o amenaza, constriña a la cónyugue, concubina, persona con quien haga vida marital o mantenga unión estable de hecho o no, a un acto carnal por vía vaginal, anal u oral, o introduzca objetos sea cual fuere su clase, por alguna de estas vías.

f) Acoso sexual: es la solicitud de cualquier acto o comportamiento de contenido sexual, para sí o para un tercero, o el procurar cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, que realice un hombre -con conocimiento de que es ofensivo para la victima-, prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o análoga, o con ocasión de relaciones derivadas del ejercicio profesional, y con la amenaza expresa o tácita de causarle a la mujer un daño relacionado con las legítimas expectativas que ésta pueda tener en el ámbito de dicha relación.

g)Acoso u Hostigamiento. es toda conducta abusiva y, especialmente, los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos, dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear, apremiar, importunar y vigilar a una mujer, que puedan atentar contra su personalidad, la dignidad, el honor, el prestigio o la integridad física o psíquica de la mujer, o que puedan poner en peligro su empleo, promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él.

h)Amenaza: es el anuncio verbal o con actos de la ejecución de algún daño físico, psicológico, sexual, laboral y/o patrimonial con el fin de intimidar a la mujer, tanto en el contexto doméstico como fuera de él.

i) Prostitución forzada: Se entiende por prostitución forzada el obligar a una mujer a realizar uno o más actos de naturaleza sexual por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza, o mediante coacción como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la opresión psicológica o el abuso del poder, esperando obtener o haber obtenido ventajas o beneficios pecuniarios o de otro tipo, a cambio de los actos de naturaleza sexual de la mujer, tanto en el ámbito privado como publico, durante alteraciones del orden público y conflictos armados.

j) Violencia Obstétrica: Se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por prestadores de salud, que se expresa en un trato jerárquico deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres.

k) Esterilización forzada: Se entiende por esterilización forzada, el realizar o causar intencionalmente a la mujer, sin brindarle la debida información, sin su consentimiento voluntario e informado y sin que la misma haya tenido justificación, un tratamiento médico o quirúrgico u otro acto que tenga como resultado su esterilización o la privación de su capacidad biológica y reproductiva.

l) Violencia Mediática: Se entiende por violencia mediática la exposición, a través de cualquier medio de difusión, de la mujer, niña o adolescente; que de manera directa o indirecta explote, discrimine, deshonre, humille o que atente contra su dignidad con fines económicos, sociales o de dominación. También se entenderá por violencia mediática el uso y abuso por parte de los medios de difusión del cuerpo de las mujeres, de las adolescentes o niñas.

m) Violencia Simbólica: son las acciones y omisiones que establecen como normal, natural o cotidiana la subordinación de la mujer en las relaciones sociales y entre individuos. Se manifiesta a través de los signos y sentidos que determinan a través de la socialización de género y de una práctica continua que impone y reproduce jerarquías, significados y valores simbólicos, que producen: invisibilización, discriminación, minimización, negación, desvalorización, deslegitimación y/o dominación sexual de las mujeres.

n) Tráfico Mujeres y niñas: son todos los actos que implican su reclutamiento o transporte dentro o entre fronteras, empleando engaños, coerción o fuerza, con el propósito de obtener un beneficio de tipo financiero u otro beneficio de orden material.

ñ) Trata de mujeres y niñas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de mujeres y niñas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o de otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre mujeres o niñas con fines de explotación, tales como Prostitución, explotación sexual, trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

o) Esclavitud sexual: Se entiende por esclavitud sexual la privación ilegitima de libertad de la mujer, que viene dada por su venta, compra, préstamo o trueque y la misma se acompaña de la obligación de realizar uno o más actos de naturaleza sexual. Y puede presentarse tanto en el contexto doméstico como en el contexto comunitario, institucional ido durante situaciones de desastre, de alteración del orden público y conflictos armados.

p) Violencia Patrimonial y Económica: Se considera violencia patrimonial y económica toda conducta activa u omisiva que directa o indirectamente en los ámbitos y privado, esté dirigida a ocasionar un daño a los bienes muebles o inmuebles en menoscabo del patrimonio de la mujer objeto de violencia o a los bienes comunes, así como la perturbación a la posesión o a la propiedad de sus bienes, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades; limitaciones económicas encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas o la privación de los medios económicos indispensables para vivir o de recibir un salario menor por igual trabajo.

q) Violencia Laboral. es la discriminación hacia la mujer en los centros de trabajo públicos o privados que obstaculicen el acceso al empleo, o la estabilidad en el mismo; exigir requisitos sobre el estado civil, la edad, sexo, la apariencia física o buena presencia, o la solicitud de resultados de exámenes de laboratorios clínicos, que supeditan la contratación.

r) Violencia Institucional: Son las acciones u omisiones que realizan las autoridades, funcionarios y funcionarias, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente e institución pública, que tengan como fin violentar, no dar la debida atención, retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres accedan a los medios o políticas públicas para asegurar su derecho a una vida libre de violencia.

Capitulo IV

De las Políticas de Prevención y Atención

Definición y contenido

Artículo 16.-Las políticas de prevención y atención son el conjunto de orientaciones y directrices de carácter público, dictadas por los órganos competentes, a fin de guiar las acciones dirigidas a asegurar los derechos y garantías consagrados en esta Ley.

Programas

Artículo 17.- Conjunto intercalado de acciones desarrolladas por personas naturales o jurídicas de naturaleza pública o privada con fines de detectar, monitorear, atender, prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres.

Responsabilidad

Artículo 18.- Corresponde al Instituto Nacional de la Mujer como ente rector de formular políticas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. El Estado y la sociedad son co responsables por la ejecución y control de las políticas de prevención y atención de la Violencia contra la mujer de conformidad con esta Ley.

El Ejecutivo Nacional dispondrá de los recursos necesarios para financiar proyectos y programas de prevención y atención de la violencia de género propuestos por organizaciones de mujeres en el marco de los Consejos Comunales y otras organizaciones sociales de base.

Obligatoriedad

Artículo 19.- Las políticas adoptadas conforme a esta Ley tienen carácter vinculante para todos los órganos de la administración pública, dentro de su respectivo ámbito de competencia.

Tipos

Artículo 20.- Con el objeto de desarrollar políticas y permitir la ejecución de las medidas se establecen, con carácter indicativo, los siguientes programas:

•  De prevención: Para prevenir la ocurrencia de formas de violencia en contra de las mujeres, sensibilizando, formando y capacitando en derechos humanos e igualdad de género.

•  De Sensibilización, Adiestramiento, formación y Capacitación: Para satisfacer las necesidades de sensibilización y capacitación de las personas que se dediquen a la atención de las victimas de violencia; así como las necesidades de adiestramiento y formación de quienes trabajen con los agresores.

•  De Apoyo y Orientación a la mujer objeto de violencia y su familia: para fortalecer a la mujer, aclararle dudas, apoyarla para la adopción de decisiones asertivas y desarrollar sus habilidades para superar las relaciones interpersonales de control sumisión, actuales y futuras.

•  De Abrigo: Para atender a las mujeres u otros miembros de las familias que lo necesiten, en virtud de encontrarse siendo objeto de cualquiera de las formas de violencia previstas en esta Ley.

•  Comunicacionales: Para la difusión de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia.

•  Socio-educativos: Para la ejecución de las sanciones impuestas a los agresores por infracción a la presente Ley;

•  Promoción y Defensa: Para permitir que las mujeres y los demás integrantes de las familias conozcan su derecho a vivir libres de violencia y de los medios para hacer efectivo este derecho.

•  Culturales: Para la formación y respeto de los valores y la cultura de igualdad de género.

Atribuciones del Instituto Nacional de la Mujer

Artículo 21.- El Instituto Nacional de la Mujer o el órgano encargado de las políticas y programas de prevención y atención de la violencia contra la mujer y las familias y tendrá las siguientes atribuciones:

•  Formular, orientar, ejecutar e instrumentar las políticas y programas de prevención y atención para ser implementadas en los diferentes órganos del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal.

•  Coordinar a nivel nacional, estadal y municipal los programas de prevención y atención de contra la violencia contra la mujer y las familias.

•  Diseñar conjuntamente con el Ministerio del Interior y Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia, los planes de capacitación de los funcionarios/as pertenecientes a la administración de justicia y de los demás que intervengan en el tratamiento de los hechos que contempla esta ley.

•  Diseñar conjuntamente con el Ministerio de Salud, Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social, proyectos y programas de capacitación e información de los y las profesionales, los funcionarios y las funcionarias que realizan actividades de apoyo, servicios y atención médica y psicosocial para el tratamiento adecuado de la mujer objeto de violencia y de sus familiares, así como para el agresor.

•  Diseñar conjuntamente con los Ministerios de Educación y Deportes, Ministerio de Educación Superior, Ministerio de Participación y Desarrollo Social, Ministerio de Comunicación e Información y con cualquier otro ente que tenga a su cargo funciones educativas, programas de prevención y educación dirigidos a educar para la igualdad, exaltando los valores de la no violencia, el respeto, la equidad de género y la preparación para la vida familiar con derechos y obligaciones compartidas y, en general la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer en la sociedad. Promover la participación activa y protagónica de las organizaciones publicas o privadas dedicadas a la atención de la mujer y otras relacionadas con la materia regulada por esta Ley, así como de las organizaciones sociales de base, en la definición y ejecución de las políticas, los programas y las acciones relacionadas con la materia reguladas por esta Ley.

•  Establecer conjuntamente con el Ministerio de Comunicación e Información, las pautas, recomendaciones y observaciones de los mensajes y programas a ser transmitidos en los medios de difusión masiva, destinados a prevenir la utilización de la mujer como objeto sexual, y cualquier otra que estimule formas de violencia contra las mujeres.

•  Registrar a las organizaciones especializadas en la materia regulada por esta ley y otorgar las autorizaciones correspondientes para el desarrollo de labores preventivas, de control, de investigación y de ejecución de medidas de apoyo y tratamiento a la mujer objeto de violencia y de rehabilitación de los agresores, pudiendo celebrar convenios con dichas organizaciones;

•  Elaborar el proyecto de reglamento de esta ley.

•  Las demás que les señalan otras leyes y reglamentos.

Ejecución de programas y planes de capacitación del Tribunal Supremo de Justicia

Artículo 22.- El Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y de la Escuela de la Magistratura, proveerá lo conducente para la ejecución de programas, planes y proyectos de capacitación en justicia de género de los funcionarios y las funcionarias de la administración de justicia y de todas aquellas personas que intervengan en el tratamiento de los hechos que contempla esta ley. La sensibilización, capacitación y formación la realizará el Tribunal Supremo de Justicia en coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer, pudiendo atraer a las áreas de Estudios de las Mujeres o Estudios de Género. En los procedimientos previstos en esta ley, los jueces y las juezas, de las distintas instancias y jerarquía, incluyendo al Tribunal Supremo de Justicia, podrán solicitar la opinión de personas expertas en justicia de género, sin que tales opiniones resulten vinculantes.

Ejecución de programas y planes de capacitación del Ministerio Público

Artículo 23.- El Ministerio Público deberá ejecutar planes y proyectos especiales de formación en prevención y atención de la violencia de género y transversalizar dichos programas con la perspectiva de género, en consonancia con la visión de los derechos humanos que consagra la Constitución Bolivariana de Venezuela.

Obligación del Ministerio de Educación y Deportes

Artículo 24.- El Ministerio de Educación y Deportes deberá incorporar en los planes y programas de estudio, en todos sus niveles y modalidades, contenidos dirigidos a transmitir a los alumnos y alumnas, los valores de la igualdad de género, el respeto, la mutua tolerancia, la autoestima, la comprensión, la solución pacífica de los conflictos y la preparación para la vida familiar y ciudadana, con derechos y obligaciones domésticas compartidas entre hombres y mujeres y en general la igualdad de oportunidades entre los hombres y mujeres, niños, niñas y adolescentes. Asimismo, el Ministerio de Educación y Deportes, tomará las medidas necesarias para excluir de los planes de estudio, textos y materiales de apoyo, todos aquellos estereotipos, criterios o valores que expresen cualquier tipo de discriminación o violencia en contra de las mujeres.

Artículo 25.- El Ministerio de Educación Superior deberá incorporar en los planes y programas de estudio contenidos dirigidos a trasmitir a los alumnos, las alumnas, al profesorado y personal administrativo, los valores de la mutua tolerancia, la autoestima, la comprensión, la solución pacífica de los conflictos y la preparación para vida familiar y ciudadana, con derechos y obligaciones domésticas entre hombres y mujeres y en general, la igualdad de condiciones entre ambos ya sean instituciones de educación superior públicas o privadas. Asimismo, el Ministerio de Educación Superior, tomará las medidas necesarias para incluir en los pensa y curriculas de las universidades, créditos, planes de estudio, textos y materiales de apoyo para eliminar todos aquellos estereotipos, criterios o valores que expresen cualquier forma de discriminación o violencia.

Artículo 26- El Ministerio de Interior y Justicia proveerá lo conducente para la ejecución de los planes y programas de capacitación de todos funcionarios y funcionarias directamente involucrados en la aplicación de la presente Ley. Dichos planes y programas deberán formularse y realizarse en coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer y deben garantizar el adecuado trato y asistencia a las mujeres objeto de violencia. Igualmente dicho ministerio debe contemplar en sus planes la creación de centros de reclusión para la rehabilitación y tratamiento de las personas agresoras.

Atribuciones del Ministerio de Salud

Artículo 27.- El Ministerio de Salud ejecutará los planes de capacitación e información conjuntamente con el Instituto Nacional de la Mujer, para que los y las profesionales y los funcionarios y las funcionarias de salud que ejercen actividades de apoyo, de servicios y atención médica y psicosocial, actúen adecuadamente en la atención, investigación y prevención de los hechos previstos en esta ley.

Programa de prevención en medios de difusión masiva

Artículo 28.- El Ministerio de Infraestructura y el Consejo Nacional de Comunicaciones en concordancia con la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión supervisarán la efectiva inclusión de mensajes y programas destinados a prevenir y eliminar la violencia contra la mujer de conformidad con el respeto de los Derechos Humanos, en las programaciones de los medios de difusión masiva.

Obligaciones de Estados y Municipios

Artículo 29.- Los Estados y Municipios conforme a esta Ley, deberán coordinar con el Instituto Nacional de la Mujer y/o con los Institutos regionales y municipales, las políticas, planes y programas a ejecutar para el desarrollo de las funciones de prevención y atención de la violencia contra la mujer en sus respectivos estados y municipios.

Unidades de atención, tratamiento y prevención de hechos de violencia contra las mujeres

Artículo 30.- El Ejecutivo Nacional, a través del órgano rector, coordinará con los órganos estadales y municipales el establecimiento de unidades especializadas de prevención de la violencia, así como centros de atención y tratamiento de las mujeres victimas. Igualmente desarrollaran unidades de rehabilitación de las personas agresoras, que cooperaran con los órganos jurisdiccionales para el seguimiento y control de las medidas que le sean impuestas.

Artículo 31- El Instituto Nacional de Estadísticas conjuntamente con el Instituto Nacional de la Mujer coordinará con los Organismos de los Poderes Públicos, los censos, estadísticas y cualquier otro estudio, permanente o no que permita recoger datos desagregados de la Violencia contra las Mujeres en el Territorio Nacional.

Casas de Abrigo

Artículo 32.- El Ejecutivo Nacional, Estadal y Municipal con el fin de hacer más efectiva la protección de la mujer objeto de violencia, con la asistencia, asesoría y capacitación del Instituto Nacional de la Mujer y de los Institutos regionales y municipales de la mujer, crearan en cada una de sus dependencias casas de abrigo destinadas al albergue de las mismas, en los casos en que la permanencia en el domicilio o residencia implique amenaza inminente a su integridad.

Capítulo V

De la Mujer objeto de violencia

Atención a la mujer objeto de violencia

Artículo 33.- Los órganos receptores de denuncia deberán otorgar a la mujer objeto de violencia de los hechos de violencia previstos en esta Ley, un trato digno de respeto y apoyo acorde a su condición de afectada, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en que deba intervenir

En consecuencia deberán:

•  Asesorar a la mujer objeto de violencia sobre la importancia de preservar las evidencias;

•  Proveer a la mujer agredida información sobre los derechos que esta Ley le confiere y sobre los servicios gubernamentales o no gubernamentales disponibles para su atención y tratamiento.

•  Elaborar un informe de aquellas circunstancias que sirvan al esclarecimiento de los hechos, el cual deberá acompañar a la denuncia.

•  Cualquier otra información que los órganos receptores consideren importante señalarle a la mujer agredida para su protección.

Derechos laborales

Artículo 34.- Las trabajadoras y/o funcionarias objeto de violencia tendrán derecho, en los términos previstos en las leyes respectivas, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen.

Parágrafo Único.- Justificación de las faltas de asistencia.- Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la condición física o psicológica derivada de la violencia contra las mujeres sufrida por las trabajadoras y/o funcionarias se considerarán justificadas cuando así lo determinen los centros de atención de salud públicos o privados o en los términos previstos en la legislación respectiva.

Certificado Médico Alterno

Artículo 35. – A los fines de acreditar cualquiera de los hechos punibles previstos en esta ley y sin perjuicio de que el Tribunal competente requiera su comparecencia, la mujer objeto de violencia podrá presentar un certificado médico expedido por un-a profesional de la salud que preste servicios en cualquier institución pública, de no ser posible ello, el certificado médico podrá ser expedido por una institución privada, el cual deberá ser conformado por un/a experto/a forense.

Asistencia Jurídica Gratuita

Artículo 36.- En aquellos casos en que la victima no tuvieren defensor/a el/la Juez/a competente deberá de oficio ordenar la intervención de un /a profesional del Derecho quien ejercerá debidamente la defensa de los derechos de la misma, desde los actos iniciales de la investigación. A tales efectos, el /la Juez /a hará la selección de los/ as existentes, provenientes de la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, las Defensorías Estadales y municipales, los Colegios de Abogados de cada jurisdicción o cualquier organización pública o privada dedicada a la defensa de los derechos establecidos en esta ley, salvo que para su entrada en vigencia, existan reglamentaciones al respecto de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, las cuales se tendrán por norma.

Intervención de la mujer objeto de violencia y de las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer

Artículo 37.- La persona agraviada, la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer y las organizaciones sociales a que se refiere el ordinal sexto del artículo 66 de esta ley, podrán intervenir en el procedimiento, aunque no se hayan constituido como querellantes.

De la Solicitud de Copias Simples y Certificadas

Artículo 38.- La mujer objeto de violencia podrá solicitar ante cualquier instancia copia simple o certificada de todas las actuaciones contenidas en la causa que se instruya por uno de los delitos tipificados en esta Ley, las que se le otorgarán sin más trámite.

Capitulo VI

De los Delitos

Amenaza

Artículo 39.- Quien con el fin de intimidar, amenace con causarle un daño físico, psicológico, sexual, laboral y/o patrimonial a una mujer, será castigado con prisión de seis (6) a veinte (20) meses.

Si la amenaza o acto de violencia se realizare en el domicilio o residencia de la mujer objeto de violencia, las penas se incrementaran de un tercio a la mitad.

Si el autor del delito fuere un funcionario publico perteneciente a algún cuerpo policial o militar, las penas se incrementaran en la mitad.

Si el hecho se cometiere con armas blancas o de fuego, la prisión será de dos a cuatro años

Violencia física

Artículo 40.- Quien mediante el empleo de la fuerza física cause un daño o sufrimiento físico a una mujer, hematomas, cachetadas, empujones, aun sin causarle lesión que afecte su integridad física, será sancionado con prisión de seis (6) a dieciocho (18) meses

Si los actos de violencia a que se refiere el presente artículo ocurren en el ámbito domestico, siendo el autor el cónyugue, concubino, exconyugue, exconcubino, persona con quien mantenga relación de afectividad aun sin convivencia, ascendiente, descendiente, pariente colateral, consanguíneo o afín de la victima, la pena se incrementara de un tercio a la mitad.

Si en la ejecución del delito, resultare lesionada la victima, según lo dispuesto en el Codigo Penal, se aplicará la pena que corresponda por la lesión infringida. Conforme las reglas del concurso de delitos.

La competencia para conocer el delito de lesiones conforme lo previsto en este articulo corresponderá a los Tribunales de Violencia Contra la Mujer según el procedimiento especial previsto en esta Ley. (Aprobado)

Actos Lascivos Violentos

Artículo 41.- Quien mediante el empleo de violencias o amenazas constriña a una mujer a acceder a un contacto sexual no deseado afectando su derecho a decidir libremente su sexualidad, que no comprenda penetración por vía vaginal, anal u oral, ni la introducción de objetos por alguna de éstas vías, será sancionado con prisión de dos (02) a seis (06) años.

Violencia Sexual

Artículo 42.- Quien mediante el empleo de violencias o amenazas constriña a una mujer a acceder a un contacto sexual no deseado que comprenda penetración por vía vaginal, anal u oral aún mediante la introducción de objetos de cualquier clase por alguna de éstas vías, será sancionado con prisión de diez (10) a quince (15) años de prisión.

Si el autor del delito es el cónyugue, concubino, exconyugue, exconcubino, persona con quien mantenga o mantuvo relación de afectividad aun sin convivencia, la pena se incrementará en un tercio.

El mismo incremento de pena se aplicará en los supuestos que el autor sea el ascendiente, descendiente, pariente colateral, consanguíneo o afín de la victima.

Si la víctima resultare ser una niña o adolescente hija de la mujer con quien el autor mantiene una relación en condición de cónyugue, concubino, exconyugue, exconcubino, persona con quien mantenga o mantuvo relación de afectividad aún sin convivencia, la pena será de quince (15) a veinte (20) años de prisión.

Acoso Sexual

Artículo 43.- Quien incurriere en el delito de acoso sexual, será castigado con prisión de uno (1) a cinco (5) años, sin perjuicio de las penas accesorias a que hubiere lugar.

Violencia psicológica

Artículo 44.- Quien mediante tratos humillantes y vejatorios, ofensas, aislamiento, vigilancia constante, abandono de los hijos e hijas, privación de medios económicos indispensables, capaces de atentar contra la dignidad personal, estabilidad emocional o el sano desarrollo de la mujer, será sancionado con pena de seis (06) a dieciocho (18) meses.

Acoso u hostigamiento

Artículo 45.- Quien mediante comportamientos, escritos o expresiones verbales, ejecute actos de intimidación, chantaje, acoso u hostigamiento que atenten contra la estabilidad laboral, económica, familiar o educativa de la mujer, será sancionado con prisión de seis (06) a dieciocho (18) meses.

Violencia patrimonial y económica

Artículo 46.- Quien ejecute cualquier forma de violencia patrimonial / o económica conforme a lo establecido en el artículo 15, de esta Ley, será castigado con prisión de uno (1) a cinco (5) años, sin menoscabo de la condena a reparación del daño causado.

Violencia Laboral

Artículo 47.- Quien ejerza contra la mujer actos que constituyan violencia laboral de conformidad con lo establecido en el artículo 15 será sancionado con multa de cien (100) a ciento cincuenta (150) unidades tributarias U.T., según la gravedad de los hechos.

Violencia Institucional

Artículo 48.- El/la funcionario/a en ejercicio de sus funciones que ejerza contra la mujer actos que constituyan violencia institucional de conformidad con lo establecido en el artículo 15 será sancionado con multa de cien (100) a ciento cincuenta (150) unidades tributarias U.T., según la gravedad de los hechos podrá revestir desde la amonestación escrita hasta la pena de destitución del cargo.

Violencia Mediática

Artículo 49- El/la profesional de la comunicación, o que sin serlo, ejerza cualquier oficio relacionado con esa disciplina, y en el ejercicio de ese oficio u ocupación, denigre de una mujer u ofenda su dignidad a través de cualquier medio para hacer públicas sus ofensas, deberá indemnizar a la mujer objeto de violencia con el pago de una suma no menor a doscientas unidades tributarias (200 UT) ni mayor de quinientas (500 UT) y hacer públicas sus disculpas  por el mismo medio utilizado para hacer la ofensa y con la  misma extensión de tiempo y espacio.

Artículo 50- Los servicios de  radio y televisión de difusión sin suscripción que en cualquiera de los horarios previstos en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, transmitan comerciales, mensajes, programas y/o novelas discriminatorias hacia la mujer o que atenten contra su dignidad, serán sancionados con la suspensión inmediata del mismo(a) y con la cesión de espacio en horario todo usuario que no será inferior a un (1) minuto, durante cuatro (4) veces a la semana durante un (1) mes, para transmitir mensajes con contenidos que sustituyan la violencia que se ejerce hacia la mujer por imágenes y sonidos que estimulen el respeto, la igualdad de género, el  diálogo y las obligaciones domésticas compartidas.

Prostitución forzada

Artículo 51.- Quien mediante el uso de la fuerza física, la amenaza de violencia, la coacción psicológica o el abuso de poder, obligue a una mujer a realizar uno o más actos de naturaleza sexual con el objeto de obtener a cambio ventajas de carácter pecuniario o de otra índole en beneficio propio o de un tercero, será sancionado con pena de cinco (05) a diez (10) años de prisión.

Esterilización forzada

Articulo.52.- Quien incurra en el delito de esterilización forzada de acuerdo a lo establecido en el artículo 15, será castigado/a con prisión de dos (2) a seis (6) años sin perjuicio a las penas accesorias a que hubiere lugar.

Tráfico de mujeres y niñas

Articulo.53.- Quien incurra en el delito de Trafico de mujeres y niñas, a que se refiere el artículo 15 de esta Ley, será castigado con prisión de diez (10) a quince (15) años.

Trata de mujeres y niñas

Artículo 54.- Quien incurra en el delito de trata de mujeres y niñas a que se refiere el artículo 15 de esta Ley, pagara con prisión de diez (10) a quince (15) años.

Esclavitud sexual

Artículo 55. Quien prive ilegítimamente de su libertad a una mujer con fines de explotarla sexualmente mediante la compra, venta, préstamo, trueque u otra negociación análoga, obligándola a realizar uno o más actos de naturaleza sexual, será sancionado con pena de cinco (05) a diez (10) años de prisión.

Obligación de aviso

Artículo. 56.- Los y las profesionales de salud que atiendan a la mujer objeto de violencia de los hechos de violencia previstos en esta Ley, deberán dar aviso a cualquiera de los organismos indicados en el artículo 74 de la misma, en el término de las veinticuatro (24) horas siguientes por cualquier medio legalmente reconocido. Este plazo se extenderá a 48 horas, en el caso que no se pueda acceder a alguno de estos órganos por dificultades de comunicación.

El incumplimiento de esta obligación se sancionará con multa de veinticinco unidades tributarias (25 U.T.) a cuarenta unidades tributarias (40 U.T.), por el tribunal a quien corresponda el conocimiento de la causa.

Obligación de tramitar debidamente la denuncia

Artículo 57.- Serán sancionados con la pena prevista en el artículo anterior, los funcionarios y funcionarias de los organismos a que se refiere el artículo 67 de esta ley, que no tramitaren debidamente la denuncia dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su recepción. En virtud a la gravedad de los hechos podrá imponerse como sanción, la destitución del funcionario o la funcionaria.

Obligación de procesar la denuncia

Artículo 58.- Toda autoridad jerárquica en centros de empleo, de educación o de cualquier otra índole, que en conocimiento de hechos de acoso sexual, por parte de las personas que estén bajo su responsabilidad, no ejecute acciones adecuadas para corregir la situación y prevenir su repetición, será sancionada con multas de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a cien unidades tributarias (100 U.T.). El órgano jurisdiccional especializado competente estimará a los efectos de la imposición de la multa, la gravedad de los hechos y la diligencia que se ponga en la corrección de los mismos.

Artículo 59- Se considerará que hay reincidencia cuando después de una sentencia condenatoria y definitivamente firme o luego de haberse extinguido la condena, el agresor cometiere un nuevo hecho punible de la misma índole que el anteriormente perpetrado.

Capitulo VII

De la Responsabilidad Civil

Indemnización

Artículo 60.- Todos los hechos de violencia previstos en esta Ley, acarrearán el pago de una indemnización a la mujer objeto de violencia, o a sus herederos y /as en caso de que la mujer haya fallecido como resultado de esos delitos, cuyo monto habrá de ser fijado por el órgano jurisdiccional especializado competente, sin perjuicio de la obligación de pago del tratamiento correspondiente.

Reparación

Artículo 61.- Quien resultare condenado por los hechos punibles previstos en esta ley, que haya ocasionado daños patrimoniales en los bienes muebles e inmuebles de la mujer objeto de violencia, estará obligado a repararlos con pago de los deterioros que hayan sufrido, los cuales serán determinados por el órgano jurisdiccional especializado competente. Cuando no sea posible su reparación, se indemnizará su pérdida pagándose el valor de mercado de dichos bienes.

Indemnización por acoso sexual

Artículo 62.- Quien resultare responsable de acoso sexual deberá indemnizar a la mujer objeto de violencia en los términos siguientes:

•  Por una suma igual al doble del monto de los daños que el acto haya causado a la persona acosada en su acceso al empleo o posición que aspire, ascenso o desempeño de sus actividades.

•  Por una suma no menor del monto de cien unidades tributarias (100 UT.) ni mayor de quinientas unidades tributarias (500 UT), en aquellos casos en que no se puedan determinar daños pecuniarios. Cuando la indemnización no pudiere ser satisfecha por el condenado, la misma se convertirá en prisión o arresto según la edad, robustez, debilidad o fortuna de éste fijando el Tribunal la duración de tales penas, a razón de un (01) día de prisión por cada dos (02) unidades tributarias (2UT) y un (01) día de arresto por cada una (01) unidad tributaria (1 UT).

Capitulo VIII

Disposiciones Comunes

Supletoriedad

Artículo 63.- Se aplicaran supletoriamente las disposiciones del Código Penal y Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto no se opongan a las aquí previstas.

En los casos de homicidio intencional en todas sus calificaciones la competencia corresponde a los jueces ordinarios conforme el procedimiento establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, sin embargo los Tribunales Penales Ordinarios deberán observar los principios y propósitos de la presente ley

Circunstancias agravantes

Artículo 64.- Serán circunstancias agravantes de los delitos previstos en esta Ley, las que se detallan a continuación, dando lugar a un incremento de pena de un tercio a la mitad.

•  Penetrar en la residencia de la mujer agredida o en el lugar donde ésta habite, cuando la relación conyugal o marital de la mujer objeto de violencia con el acusado se encuentre en situación de separación de hecho o de derecho, o cuando el matrimonio haya sido disuelto mediante sentencia firme.

•  Penetrar en la residencia de la mujer objeto de violencia o en el lugar donde esta habite, valiéndose del vínculo de consanguinidad o de afinidad.

•  Ejecutarlo con armas, objetos o instrumentos.

•  Ejecutarlo en perjuicio de una mujer embarazada.

•  Ejecutarlo en gavilla o con grupo de personas.

•  Si el autor del delito fuere un funcionario público en ejercicio de sus funciones.

•  Perpetrarlo en perjuicio de personas especialmente vulnerables, con discapacidad física o mental.

•  Que el acusado haya sido sancionado con sentencia definitivamente firme por la comisión de alguno de los delitos previstos en esta ley.

•  Transmitir dolosamente a la mujer objeto de violencia infecciones o enfermedades que pongan en riesgo su salud .

•  Realizar acciones que priven a la victima de la capacidad de discernir a consecuencia del empleo de medios fraudulentos o sustancias narcóticas o excitantes.

Parágrafo Unico : En los casos de homicidio intencional en todas sus calificaciones tipificados en el Código Penal, cuando el autor sea el cónyugue, exconyugue, concubino, exconcubino, persona con quien la victima mantuvo vida marital, unión estable de hecho, con o sin convivencia la pena a imponer será de veintiocho (28) a treinta (30) años de presidio.

Artículo 65.- En la sentencia condenatoria se establecerán expresamente las penas accesorias que sean aplicables en cada caso de acuerdo a la naturaleza de los hechos objeto de condena- Son penas accesorias:

•  La interdicción civil durante el tiempo de la condena en los casos de penas de presidio.

•  La inhabilitación política mientras dure la pena.

•  La sujeción a la vigilancia de la autoridad por una quinta parte del tiempo de la condena, desde que ésta termine, la cual se cumplirá ante la primera autoridad civil del municipio donde reside.

•  La privación definitiva del derecho a la tenencia y porte de armas, sin perjuicio que su profesión, cargo u oficio sea policial, militar o de seguridad.

•  La suspensión o separación temporal del cargo o ejercicio de la profesión, cuando el delito se hubiese cometido en ejercicio de sus funciones o con ocasión de éstas, debiendo remitirse copia certificada de la sentencia al expediente administrativo laboral y al colegio gremial correspondiente, si fuera el caso.

Artículo 66- Los culpables de hechos de violencia en contra de las mujeres deberán participar obligatoriamente en programas de rehabilitaciones orientadas a modificar sus conductas violentas y a evitar la reincidencia.

Artículo 67.- Si la pena a imponer no excede de dieciocho (18) meses de prisión y el penado no es reincidente, el órgano jurisdiccional en funciones de ejecución, podrá sustituir la misma por trabajo o servicio comunitario. Entendiéndose como tal, aquellas tareas de interés general que el penado debe realizar, en forma gratuita, por un período que no podrá ser menor a tres (03) ni mayor a ocho (08) meses, durante una jornada mínima de ocho (08) horas semanales, preferentemente los días sábados, domingos y feriados, o en días hábiles pero sin perjudicar la asistencia a su jornada normal de trabajo. Las tareas a que se refiere este artículo deberán ser asignadas, según las aptitudes ocupacionales del penado en servicios asistenciales o en programas comunitarios públicos, privados o mixtos que no impliquen riesgo o peligro para el penado ni menoscabo para su dignidad.

Si el penado no cumple con el trabajo comunitario, el Tribunal de ejecución, previa audiencia con las partes, podrá ordenar el cumplimiento de la pena impuesta en la sentencia condenatoria. La ausencia de la mujer objeto de violencia en dicha audiencia no impedirá su realización.

Lugar de cumplimiento de la sanción

Artículo 68.- Los responsables por hechos de violencia cumplirán la sanción en el sitio de reclusión que designe el Tribunal, el cual debe disponer de las condiciones adecuadas para el desarrollo de los programas de rehabilitación y tratamiento previstos en esta Ley.

Capítulo IX

Del Inicio del Proceso

Sección Primera.

De la Denuncia

Legitimación para denunciar

Artículo 69- Legitimación para denunciar. Los delitos y faltas constitutivas de violencia a que se refiere esta ley, serán denunciados por:

  1. La mujer agredida
  2. Los y las parientes consanguíneos /as o afines;
  3. Los y las profesionales de la salud, de instituciones públicas y privadas que tuvieren conocimiento de los casos de violencia previstos en esta Ley

•  Las defensorías de los derechos de la mujer a nivel nacional, metropolitano, estadal y municipal, adscritas a los Institutos nacional, metropolitano, regional y municipal, respectivamente.

•  Consejos comunales y otras organizaciones sociales.

•  Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

•  Cualquier otra persona o institución que tuviere conocimiento de los hechos punibles previstos en esta Ley.

Órganos receptores de denuncia

Artículo 70- Órganos receptores de denuncia. La denuncia a que se refiere el artículo anterior, podrá ser formulada en forma oral o escrita, con o sin la asistencia de abogado o abogada, ante cualquiera de los siguientes organismos:

  1. Tribunales de Violencia contra la mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas
  2. Ministerio Público
  3. Juzgados de Paz
  4. Prefecturas y Jefaturas Civiles.
  5. División de Protección en materia de niño, adolescente, mujer y familia del cuerpo de investigación con competencia en la materia.
  6. Órganos de policía.
  7. Unidades de comando fronterizas
  8. Tribunales de Municipios en localidades donde no existan los órganos anteriormente nombrados
  9. Cualquier otro que se le atribuya esta competencia.

Cada uno de los órganos anteriormente señalados deberá crear oficinas con personal especializado para la recepción de denuncias de los hechos de violencia a que se refiere esta ley.

Parágrafo Único: Los pueblos y comunidades indígenas constituirán órganos receptores de denuncia, integrados por las autoridades legítimas de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, sin perjuicio de que la mujer agredida pueda acudir a los otros órganos indicados en el presente artículo.

Obligaciones del órgano receptor de la denuncia

Artículo 71.- El órgano receptor de la denuncia deberá:

•  Recibir la denuncia, la cual podrá ser presentada en forma oral o escrita.

•  Ordenar las diligencias necesarias y urgentes, entre otras, la práctica de los exámenes médicos correspondientes a la mujer objeto de violencia en los centros de salud pública o privada de la localidad,

•  Impartir orientación oportuna a la mujer objeto de violencia.

•  Ordenar la comparecencia obligatoria del presunto agresor a los fines de la declaración correspondiente y demás diligencias necesarias, que permitan el esclarecimiento de los hechos denunciados.

•  Imponer las medidas de protección y de seguridad pertinentes establecidas en esta Ley

•  Formar el respectivo expediente.

•  Elaborar un informe de aquellas circunstancias que sirvan al esclarecimiento de los hechos, el cual deberá acompañar a la denuncia, anexando cualquier otro dato o documento que sea necesario a juicio del órgano receptor de la denuncia.

•  Remitir el expediente al Ministerio Público.

Contenido del expediente

Artículo 72.- El expediente que se forme habrá de contar con una nomenclatura consecutiva y deberá estar debidamente sellado y foliado, debiendo además contener:

•  Acta de denuncia en la que se explique la forma en que ocurrieron los hechos de violencia, haciendo mención expresa del lugar, hora y fecha en que fue agredida la persona denunciante, así como la fecha y hora en que interpone la denuncia;

•  Datos de identidad de la persona señalada como agresora y su vínculo con la mujer objeto de violencia;

•  Información sobre hechos de violencia que le hayan sido atribuidos al presunto agresor, especificando si fuere posible, la fecha en que ocurrieron y si hubo denuncia formal ante un órgano receptor competente;

•  Constancia del estado de los bienes muebles o inmuebles afectados de propiedad de la mujer víctima, cuando se trate de violencia patrimonial;

•  Boleta de Notificación al presunto agresor.

•  Constancias de cada uno de los actos celebrados, pudiendo ser esto corroborado mediante las Actas levantadas a tales efectos, debidamente firmadas por las partes y el /la funcionario/a del órgano receptor;

•  Constancia de remisión de la mujer objeto de agresión al examen médico pertinente;

•  Resultado de las experticias, exámenes y/o evaluaciones practicadas a la mujer objeto de violencia y/o al presunto agresor

•  Especificación de las medidas de protección de la mujer objeto de violencia/ con su debida fundamentación.

Responsabilidad del/ de la funcionario /a receptor /a

Artículo 73.- El /la funcionario /a que actúe como órgano receptor iniciará y sustanciará el expediente aún si faltare alguno de los recaudos y responderá por su omisión o negligencia, civil, penal y administrativamente según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.

Sección Segunda

De la Investigación

Objeto

Artículo 74.- La investigación tiene por objeto hacer constar la comisión de un hecho punible, las circunstancias que incidan en su calificación, la recolección y preservación de las evidencias relacionadas con su perpetración, la identificación del presunto autor u autores del delito y los elementos que fundamentan su culpabilidad.

Competencia

Artículo 75.- El /la Fiscal /a del Ministerio Público especializado/a dirigirá la investigación en casos de hechos punibles y será auxiliado por los cuerpos policiales. De la apertura de la investigación se notificará de inmediato al Tribunal de Violencia contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas.

Alcance

Artículo 76.- El Ministerio Público debe investigar y hacer constar tanto los hechos y circunstancia útiles para el ejercicio de la acción, como aquellos que favorezcan a la defensa del presunto agresor.

Derechos del imputado

Artículo 77.- Durante la investigación, el imputado tendrá los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal.

Lapso para la investigación

Artículo 78 –Lapso para la investigación. El Ministerio Público dará término a la investigación en un plazo que no excederá de cuatro (04) meses. Vencido dicho plazo, si la complejidad del caso lo amerita, el Ministerio Público podrá solicitar fundadamente ante el Tribunal de Violencia Contra la Mujer con funciones de Control, Audiencia y Medidas competente, una prorroga por un plazo que no podrá ser menor de quince (15) ni mayor de noventa (90) días.

El Tribunal decidirá, mediante auto razonado, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la solicitud fiscal.

La decisión que acuerde o niegue la prórroga podrá ser apelada en un solo efecto.

Libertad de Pruebas

Artículo 79.-Libertad de Prueba: Salvo prohibición de ley, las partes pueden promover todas las pruebas conducentes al mejor esclarecimiento de los hechos, las cuales serán incorporadas al proceso conforme lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.

Juzgados de Control, Audiencia y Medidas

Artículo 80.- Los Juzgados de Violencia Contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas son los competentes para autorizar y realizar pruebas anticipadas, acordar medidas de coerción personal; resolver incidencias, excepciones y peticiones de las partes durante esta fase y velar por el cumplimiento de los derechos y garantías previstos en la Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal, la presente Ley y el ordenamiento jurídico en general.

Sección Tercera

De la Querella

Querella

Artículo 81.- Podrán promover querella la mujer objeto de violencia de cualquiera de los hechos señalados en esta Ley, o sus familiares hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cuando ésta se encuentre legal o físicamente imposibilitada de ejercerla.

Formalidad

Artículo 82.- La querella se presentará por escrito ante el Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de control, audiencia y medidas.

Artículo 83- Requisitos. La querella contendrá:

1º. El nombre, apellido, edad, estado, profesión, domicilio o residencia de la persona querellante, y sus relaciones de parentesco con la persona querellada;

2º. El nombre, apellido, edad, domicilio o residencia de la persona querellada;

3º. El delito que se le imputa, y del lugar, día y hora aproximada de su perpetración;

4º. Una relación especificada de todas las circunstancias esenciales del hecho. (Aprobado)

Diligencias del Querellante

Artículo 84.- La persona querellante podrá solicitar al/ a fiscal/a las diligencias que estime necesarias para la investigación de los hechos.(aprobado)

Articulo 85.- La admisibilidad, rechazo, oposición, desistimiento y demás incidencias relacionadas con la querella se tramitarán conforme a lo dispuesto en el Código orgánico procesal penal.

Sección Cuarta

De las Medidas de Protección y de Seguridad

Medidas de protección y de seguridad

Artículo 86.- Las medidas de protección son de naturaleza preventiva para proteger a la mujer agredida en su integridad física, psicológica, sexual y patrimonial, y de toda acción que viole o amenaza a los derechos contemplados en esta Ley, evitando así nuevos actos de violencia y serán de aplicación inmediata por los órganos receptores de denuncias. En consecuencia, éstas serán:

  1. Referir a las mujeres agredidas que así lo requieran, a los centros especializados para que reciban la respectiva orientación y atención.
  2. Tramitar el ingreso de la mujer objeto de violencia, así como de sus hijos e hijas que requieran protección a las Casas de Abrigo de que trata el artículo 32 de esta Ley, en los casos en que la permanencia en su domicilio o residencia, implique amenaza inminente o violación de derechos previstos en esta Ley. La estadía en las Casas de Abrigo tendrá carácter temporal.
  3. Ordenar la salida del agresor de la residencia común, independientemente de su titularidad, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad integral: física, psíquica, patrimonial o la libertad sexual de la mujer, impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia, autorizándolo a llevar sólo sus efectos personales y los instrumentos y/o herramientas de trabajo. En caso de que el denunciado se negase a cumplir con la medida, el órgano receptor solicitará al Tribunal competente la ejecución de la misma, con el auxilio de la fuerza pública.
  4. Reintegrar al domicilio a la mujer victima de violencia disponiendo la salida simultánea del agresor, cuando se trate de una vivienda común, procediendo conforme a lo establecido en ordinal anterior
  5. Prohibir o restringir al agresor el acercamiento a la mujer agredida. En consecuencia imponer al agresor la prohibición de acercarse al lugar de trabajo, de estudio y residencia de la mujer agredida
  6. Procurar que el agresor, por sí mismo o de terceras personas, realice actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia;
  7. Solicitar al órgano jurisdiccional competente la medida de arresto transitorio.
  8. Ordenar el apostamiento policial en el sitio de residencia de la mujer agredida por el tiempo que se considere conveniente.
  9. Retener las armas blancas y/o de fuego y el permiso de porte, independientemente de la profesión u oficio del agresor, procediendo a la remisión inmediata al órgano competente para la práctica de las experticias que correspondan.
  10. Solicitar al órgano con competencia en la materia de otorgamiento de porte de armas la suspensión del permiso de porte cuando exista una amenaza para la integridad de la víctima.
  11. Imponer al presunto agresor la obligación de proporcionar a la mujer víctima de violencia el sustento necesario para garantizar su subsistencia, en caso de que ésta no disponga de medios económicos para ello y exista una relación de dependencia con el agresor. Esta obligación no debe confundirse con la obligación alimentaria que corresponde a niños/as y adolescentes y cuyo conocimiento compete al Tribunal de Protección.
  12. Solicitar ante el Juez o la Jueza competente la suspensión del régimen de visita al agresor a la residencia donde la mujer víctima esté albergada junto con sus hijos/as.
  13. Cualquier otra medida necesaria para la protección de todos los derechos de las mujeres objeto de violencia y/o cualquiera de los integrantes de la familia.

Subsistencia de las Medidas de Protección y de Seguridad

Artículo 87.- En todo caso, las medidas de protección subsistirán hasta que sean sustituidas, modificadas, confirmadas o revocadas por el órgano jurisdiccional competente, bien de oficio o a solicitud de parte. La sustitución, modificación, confirmación o revocación de las medidas de protección procederá en caso de existir elementos probatorios que determinen su necesidad.

Aplicación Preferente de las Medidas de Seguridad y Protección y de las

Medidas Cautelares

Artículo 88.- Las Medidas de Seguridad y Protección y las Medidas Cautelares establecidas en la presente Ley, serán de aplicación preferente a las establecidas en otras disposiciones legales.

Trámite en caso de Necesidad y Urgencia

Artículo 89.- El órgano receptor, en casos de necesidad y urgencia, podrá solicitar directamente al Tribunal de Violencia contra la mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas la respectiva orden de arresto. La resolución que ordena el arresto será siempre fundada.

Disposiciones Comunes sobre las Medidas de Protección y Seguridad

Artículo 90.- El Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas podrá:

•  Sustituir, modificar, confirmar o revocar las medidas de protección impuestas por el órgano receptor.

•  Acordar aquellas medidas solicitadas por la mujer víctima de violencia y/o el Ministerio Público.

•  Imponer cualquier otra medida de las previstas en los artículos 88 y 93 de acuerdo a las circunstancias que el caso presente.(aprobado)

Parágrafo Primero: El Tribunal podrá aplicar las medidas en forma simultánea, sucesiva y alternativa.

Parágrafo Segundo: Si la urgencia del caso lo amerita, no será requisito para imponer la medida, el resultado del examen médico correspondiente, pudiendo subsanarse con cualquier otro medio probatorio que resulte idóneo, incluyendo la presencia de la mujer objeto de violencia en la audiencia.

Artículo 91- El Ministerio Publico podrá solicitar al Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas, o al/a la juez/a de juicio, si fuere el caso, las siguientes Medidas Cautelares:

•  Arresto transitorio del agresor hasta por cuarenta y ocho (48 horas) que se cumplirá en el establecimiento que el Tribunal acuerde.

•  Orden de prohibición de salida del país del presunto agresor, cuyo término lo fijará el Tribunal de acuerdo a la gravedad de los hechos.

•  Prohibición de enajenar y gravar bienes de la comunidad conyugal o concubinaria.

•  Prohibición para el presunto agresor de residir en el mismo Municipio donde la mujer objeto de violencia haya establecido su nueva residencia, cuando existan evidencias de persecución por parte de éste.

•  Allanamiento del lugar donde se cometieron los hechos de violencia.

•  La fijación de la obligación alimentaria a favor de la mujer objeto de violencia o del grupo familiar.

•  Imponer al presunto agresor la obligación de asistir a un centro especializado en materia de violencia de género.

•  Cualquier otra necesaria para la protección personal, física, psicológica y patrimonial de la mujer objeto de violencia.

Sección Quinta

De la Aprehensión en Flagrancia

Definición y forma de proceder

Artículo 92.- Se tendrá como flagrante todo delito previsto en esta Ley, que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como flagrante aquél por el cual el agresor sea perseguido por la autoridad policial, por la mujer agredida, por un particular o por el clamor público, o cuando se produzcan solicitudes de ayuda a servicios especializados de atención a la violencia contra las mujeres, realizadas a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o fax, que permitan establecerlo de manera inequívoca, o en el que se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.

Se entenderá que el hecho se acaba de cometer, cuando la victima u otra persona que haya tenido conocimiento del hecho, acuda dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la comisión del hecho punible al órgano receptor y exponga los hechos de violencia relacionados con esta Ley. En estos casos, toda autoridad deberá y cualquier particular podrá, aprehender al agresor. Cuando la aprehensión la realizare un particular, deberá entregarlo inmediatamente a la autoridad más cercana, quien en todo caso lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce (12) horas a partir del momento de la aprehensión.

Conocida la denuncia, el órgano receptor o la autoridad que tenga conocimiento, deberá dirigirse en un lapso que no debe exceder de las doce (12) horas, desde el momento en que se cometió el delito, hasta el lugar donde se encuentre el agresor, quien será aprehendido y puesto a la disposición del Ministerio Público, según el párrafo anterior.

Sección Sexta

Del Procedimiento Especial

Trámite

Artículo 93.- El juzgamiento de los delitos de que trata esta ley, se seguirá por el procedimiento especial aquí previsto aún en los supuestos de flagrancia, conforme a lo establecido en el artículo anterior.

Formas de Inicio del Procedimiento

Artículo 94.- La investigación de un hecho que constituya uno de los delitos previstos en esta ley, se iniciará de oficio, por flagrancia, por denuncia oral, escrita o mediante querella interpuesta por ante el órgano jurisdiccional competente.

Investigación del Ministerio Público

Artículo 95.- Cuando el Ministerio Público tuviere conocimiento de la comisión de un hecho punible de los previstos en esta Ley, sin pérdida de tiempo ordenará el inicio de la investigación y dispondrá que se practiquen todas las diligencias necesarias que correspondan para demostrar la comisión del hecho punible, así como la responsabilidad penal de la(s) persona(s) señalada(s) como autor(es) o partícipe (s), imponiendo inmediatamente la(s) medida(s) de protección y seguridad que el caso amerite.

Del Inicio ante Otro Órgano Receptor

Artículo 96 .- Cuando la denuncia o averiguación de oficio es conocida por un órgano receptor distinto al Ministerio Público, éste procederá a dictar las medidas de protección y seguridad que el caso amerite y a notificar al/ a la Fiscal/a del Ministerio Público correspondiente, para que dicte la orden de inicio de la investigación; practicará todas las diligencias necesarias que correspondan para demostrar la comisión del hecho punible, así como los exámenes médicos psicofísicos pertinentes a la mujer objeto de violencia.

Remisión al Ministerio Público

Artículo 97.- Dictadas las medidas de protección y seguridad, así como practicadas todas las diligencias necesarias y urgentes, las cuales no podrán exceder de quince (15) días continuos, el órgano receptor deberá remitir las actuaciones al Ministerio Público, para que continúe la investigación.

Violación de Derechos y Garantías Constitucionales

Artículo 98.- Cuando una de las partes no estuviere conforme con la medida dictada por el órgano receptor, podrá solicitar ante el Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas, su revisión, el cual requerirá las actuaciones al Ministerio Público. Si recibidas por el/la Fiscal /a del Ministerio Público, las actuaciones procedentes de otro órgano receptor, éste observare violación de derechos y garantías constitucionales, procederá de inmediato a solicitar motivadamente su revisión ante el Juez o Jueza de Control, Audiencia y Medidas, para ello remitirá las actuaciones originales, dejando en el Despacho Fiscal copia simple de las mismas para continuar con la investigación.

Revisión y decisión de la(s) Medida(s)

Artículo 99.- Dentro de los tres (03) días de despacho siguientes a la recepción de las actuaciones, el Juez o Jueza de Control, Audiencia y Medidas revisará (n) la(s) medida(s) y mediante auto motivado se pronunciará (n) modificando, sustituyendo, confirmando o revocando las mismas.

Remisión de las Actuaciones

Artículo 100.- Al siguiente día de publicada la decisión a que se refiere el artículo anterior, el /la Juez /a remitirá las actuaciones originales al Ministerio Público, para que continúe con la investigación.

Fin de la Investigación

Artículo 101- Concluida la investigación conforme a lo previsto en el artículo 80 de esta ley, el Ministerio Público procederá a dictar el acto conclusivo correspondiente.

Prorroga extraordinaria por omisión fiscal

Artículo 102. Si vencidos todos los plazos, el/la Fiscal/a del Ministerio Público no dictare el acto conclusivo, el Juez de Control, Audiencia y Medidas, notificará dicha omisión al Fiscal Superior, quien dentro de los dos (02) días siguientes deberá comisionar un/a nuevo/a Fiscal/a para que presente las conclusiones de la investigación en un lapso que no excederá de diez (10) días contados a partir de la notificación de la comisión, sin perjuicio de las sanciones civiles, penales y administrativas que sean aplicables al /a fiscal/a omisivo/a.

Transcurrida la prórroga extraordinaria a que se refiere el presente artículo, sin actuación fiscal, el/la Juez/a de Control, Audiencia y Medidas, decretará el archivo judicial, conforme lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal.

De la Audiencia Preliminar

Artículo 103.- Presentada la acusación ante el Tribunal de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas, éste fijará la audiencia para oír a las partes, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Antes del vencimiento de dicho plazo las partes procederán a ofrecer las pruebas que serán evacuadas en la audiencia de juicio oral y oponer las excepciones que estimen procedentes. El/la juez /a se pronunciará en la audiencia

En este acto el imputado podrá admitir los hechos, pero la pena a imponerse solo podrá rebajarse en un tercio.

Finalizada la audiencia, el/la juez/a expondrá fundadamente su decisión respecto a los planteamientos de las partes. En caso de admitir la acusación, dictará el auto de apertura a juicio y remitirá las actuaciones al/ la juez/a de juicio que corresponda.

El auto de apertura a juicio será inapelable.

Sección séptima

Del Juicio Oral

Del Juicio Oral

Artículo 104.- Recibidas las actuaciones el Tribunal de Juicio fijará la fecha para la celebración de la audiencia oral y pública en un plazo que no podrá ser menor de diez (10) ni mayor de veinte (20) días.

De la Audiencia de Juicio Oral

Artículo 105.- En la Audiencia de Juicio actuará solo un/a Juez/a Profesional. El debate será oral y público, pudiendo el Juez (a) decidir efectuarlo, total o parcialmente a puerta cerrada, previa solicitud de la víctima. El /la Juez/a deberá informar a la victima de este derecho antes del inicio del acto. La audiencia se desarrollará en un solo día. Se podrá suspender por un plazo máximo de cinco (05) días, sólo en los casos siguientes:

  1. Por causa de fuerza mayor
  2. Por falta de intérprete.

•  Cuando el /la Defensor /a o el Ministerio Público lo soliciten en razón de la ampliación de la acusación.

•  Para resolver cuestiones incidentales y/o la práctica de algún acto fuera de la sala de audiencia.

  1. Cualquier otro motivo que sea considerado relevante por el Tribunal.

De la Decisión

Artículo 106.- Finalizado el debate se levantará acta de todo lo acontecido, la cual será leída a viva voz y firmada por los /as intervinientes.

El/la juez/a pasará a sentenciar en la sala destinada a tal efecto, a la cual no tendrán acceso en ningún momento las partes. La sentencia será dictada el mismo día, procediéndose a su lectura y quedando así notificadas las partes. El documento original se archivará. Las partes podrán solicitar copia de la sentencia.

En caso que no sea posible la redacción de la sentencia en el mismo día, el Juez o la Jueza expondrá a las partes los fundamentos de la misma y leerá la parte dispositiva. La publicación se realizará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al pronunciamiento de la dispositiva.

Del Recurso de Apelación

Artículo 107.- Contra la sentencia dictada en la audiencia oral, se interpondrá recurso de apelación ante el Tribunal que la dictó y podrá ser ejercido dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de la publicación del texto íntegro del fallo.

Formalidades

Artículo 108.- El recurso sólo podrá fundarse en:

1. Violación de normas relativas a la oralidad, inmediación y concentración del juicio.

2. Falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando esta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios de la audiencia oral.

3. Quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que causen indefensión.

4. Incurrir en violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica.

Contestación del recurso

Artículo 109.- Presentado el recurso, las otras partes lo contestarán dentro de los tres (03) días siguientes al vencimiento del lapso para su interposición. Al vencimiento de este plazo, el /la juez /a, remitirá las actuaciones a la Corte de Apelaciones para que ésta decida.

De la Corte de Apelaciones

Artículo 110.- Recibidas las actuaciones, la Corte de Apelaciones tendrá un lapso de tres (03) días siguientes a la fecha de su recibo para decidir sobre la admisibilidad del recurso. Admitido éste, fijará una audiencia oral que debe realizarse dentro de un plazo no menor de tres (03), ni mayor de cinco (05) días, contados a partir de la fecha de la admisión.

De la Audiencia

Artículo 111.- En la audiencia los/as Jueces/as podrán interrogar a las partes, resolverán motivadamente con las pruebas que se promuevan y sean útiles y pertinentes. Al concluir la audiencia deberán dictar el pronunciamiento correspondiente. Cuando la complejidad del caso lo amerite, podrán decidir dentro de los cinco (05) días siguientes.

Casación

Artículo 112.-El ejercicio del Recurso de Casación se regirá por lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal.

Sección Octava

De los Órganos Jurisdiccionales y del Ministerio Público

Atribuciones de los/as Fiscales/as del Ministerio Público

Artículo 113.- Son atribuciones de los /las Fiscales/as del Ministerio Público Especializados en Violencia contra la Mujer:

•  Ejercer la acción penal correspondiente

•  Velar por el cumplimiento de las disposiciones previstas en esta Ley.

•  Investigar los hechos que se tipifican como delitos en esta Ley.

•  Solicitar y aportar pruebas y participar en su producción.

•  Dirigir y supervisar el cumplimiento de las funciones de la Policía de Investigación.

•  Solicitar fundadamente al órgano jurisdiccional las medidas cautelares pertinentes.

•  Solicitar al órgano jurisdiccional la sustitución, modificación, confirmación y/o revocación de las medidas de protección dictadas por los órganos receptores y/o de las medidas cautelares que hubiere dictado.

•  Solicitar fundadamente al órgano jurisdiccional el decomiso definitivo del arma incautada por el órgano receptor. En los casos en que resultare procedente, solicitará también la prohibición del porte de armas.

•  Reunir los elementos de convicción conducentes a la elaboración del acto conclusivo, en cuyos trámites se observarán las normas dispuestas en el Código Orgánico Procesal Penal.

•  Cualquier otra actuación prevista en el ordenamiento jurídico.

Jurisdicción

Artículo 114.- Corresponde a los Tribunales de Violencia contra la Mujer y a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su decisión, conforme a lo establecido en esta Ley, las leyes de organización judicial y la reglamentación interna.

Creación de los Tribunales de Violencia contra la Mujer

Artículo 115.- Se crean los Tribunales de Violencia contra la Mujer que tendrán su sede en Caracas y en cada capital de Estado, además de las localidades que determine el Tribunal Supremo de Justicia a través de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

Constitución de los Tribunales de Violencia contra la mujer

Artículo 116.- Los Tribunales de Violencia contra la Mujer se organizarán en circuitos judiciales, de acuerdo a lo que determine la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la cual podrá crear más de un circuito judicial en una misma circunscripción, cuando por razones de servicio sea necesario. Su organización y funcionamiento se regirán por las disposiciones establecidas en esta Ley, en las leyes orgánicas correspondientes y en el Reglamento Interno de los Circuitos Judiciales.

En cada circuito judicial, los Tribunales de Violencia contra la Mujer estarán constituidos en primera instancia por Jueces y juezas de Control, Audiencia y Medidas, Jueces/Juezas de Juicio y Jueces/Juezas de Ejecución. En segunda instancia lo conforman las Cortes de Apelaciones.

Competencia

Artículo 117.- Los Tribunales de Violencia contra la Mujer conocerán en el orden penal de los delitos previstos en esta Ley, así como del delito de lesiones en todas sus calificaciones tipificadas en el Código Penal en los supuestos establecidos en el articulo 40 de la presente ley y conforme al procedimiento especial aquí establecido.

En el orden civil, conocerán de todos aquellos asuntos de naturaleza patrimonial.

Casación

Artículo 118.- La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia conocerá del recurso de casación.

Sección Novena

De los Servicios Auxiliares

Servicios Auxiliares

Artículo 119.- Los Tribunales de Violencia Contra la Mujer contarán con:

•  Equipos multidisciplinarios o presupuesto para servirse de ellos;

•  una sala de trabajo para el equipo multidisciplinario;

•  una sala de citaciones y notificaciones.

Objetivos del Equipo Interdisciplinario

Artículo 120.- Cada Tribunal de Violencia contra la mujer debe contar con un equipo multidisciplinario que se organizará como servicio auxiliar de carácter independiente e imparcial, para brindar al ejercicio de la función jurisdiccional experticia bio-psico-social-legal de forma colegiada e interdisciplinaria. Este equipo estará integrado por profesionales de la medicina psiquiátrica, de la psicología, del trabajo social, del derecho y de criminología en las zonas en que sea necesario, de expertos interculturales bilingües en idiomas indígenas.

Atribuciones del Equipo Interdisciplinario

Artículo 121.- Son atribuciones de los equipos interdisciplinarios de los Tribunales de Violencia contra la mujer

  1. emitir opinión, mediante informes técnicos integrales sobre la procedencia de proteger a la mujer objeto de violencia a través de medidas cautelares específicas,
  2. intervenir como expertos independientes e imparciales del Sistema de Justicia en los procedimientos judiciales, realizando experticias mediante informes técnicos integrales;
  3. brindar asesoría integral a las personas a quienes se dicten medidas cautelares;
  4. auxiliar al Juez o a la jueza a oír y valorar la opinión o testimonio de niños, niñas y adolescentes según su edad y grado de madurez;
  5. auxiliar al Tribunales de Violencia contra la mujer en la ejecución de las decisiones judiciales; y
  6. las demás que establezca la ley.

Dotación

Artículo 122.- Los Tribunales de Violencia contra la mujer deben ser dotados de las instalaciones, equipo y personal necesario para el cumplimiento de sus funciones, entre otras deben contar con:

  1. un espacio dirigido especialmente a la atención de la mujer agredida, separado del destinada a la persona agresora.
  2. un espacio y dotación apropiada para la realización de las funciones del equipo interdisciplinario.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Creación de los Tribunales de Violencia contra la mujer

Artículo 123.- Hasta tanto sean creados los Tribunales Especializados en materia de Violencia contra la Mujer, el Tribunal Supremo de Justicia proveerá lo conducente para que las funciones de estos sean cumplidas por los órganos jurisdiccionales con competencia Protección del Niño y del Adolescente y los Tribunales Penales en funciones de Control, a los cuales se les conferirá competencia exclusiva en materia de violencia contra la mujer por vía de Resolución de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, para el momento de entrada en vigencia de esta Ley.

El Tribunal Supremo de Justicia para la creación de estos Tribunales especializados, diligenciará lo necesario para que esta se desarrolle en un año contado a partir de la vigencia de la presente ley. En dicho lapso se procederá a capacitar a los jueces y juezas, así como a los funcionarios y funcionarias que hayan de intervenir como operadores /as de justicia en materia de Violencia Contra la Mujer, por profesionales adscritos/as al Instituto Nacional de la Mujer, Defensoría de los Derechos de la Mujer, Defensoría del Pueblo, Universidades, Organismos Internacionales, organizaciones no gubernamentales, y cualquier otro ente especializado en justicia de genero.

Creación de las Unidades de Atención y Tratamiento

Artículo 124.- Hasta tanto sean creadas las Unidades de Atención y Tratamiento de hechos de Violencia contra la Mujer, los jueces y las juezas para sentenciar, podrán considerar los informes emanados de cualquier organismo público o privado de salud.

Los Estados y Municipios proveerán lo conducente para crear y poner en funcionamiento las Unidades de Atención y Tratamiento, dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley. En dicho lapso procederán a capacitar a las funcionarias y funcionarios que conformarán los mismos.

Lugar de cumplimiento de la sanción

Artículo 125.- Hasta tanto sean creados los lugares de cumplimiento de la sanción de los responsables por hechos de Violencia Contra la Mujeres, el Ministerio con competencia en la materia tomarán las previsiones para adecuar los sitios de reclusión para facilitar la rehabilitación de los agresores.

La creación de dichos centros deberá desarrollarse en un plazo máximo de un (1) año, luego de la entrada en vigencia de la ley. En dicho lapso se procederá a capacitar a los funcionarios, funcionaras y todos aquellas personas que intervendrán en el tratamiento de los penados por los delitos previstos en esta ley.

Órganos y Normativas

Artículo 126.- En un lapso no mayor de un año, contado a partir de la publicación de esta Ley, la Nación, los Estados y Municipios deben disponer lo conducente para la creación y adaptación de las unidades, entidades y órganos aquí previstos. En el mismo lapso debe dictarse la normativa que en cada jurisdicción sea necesaria a los efectos de ejecutar sus disposiciones.

Procesos en Curso

Artículo 127.- De conformidad con el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela las disposiciones procesales previstas en esta Ley se aplicarán desde el mismo momento de entrar en vigencia, aun a los procesos que se hallaren en curso, sin menoscabo del principio de irretroactividad y en cuanto favorezcan al imputado, acusado o condenado.

Los recursos ya interpuestos, la evacuación de las pruebas ya admitidas, así como los términos o lapsos que hayan comenzado a correr, se regirán por las disposiciones anteriores.

Previsión Presupuestaria

Artículo 128.- El Ejecutivo Nacional incluirá en las Leyes de Presupuesto Anuales, a partir del año inmediatamente siguiente a la sanción de esta Ley, los recursos necesarios para el funcionamiento de los órganos, entidades y programas aquí previstos.

Vigencia

Artículo 129.- Esta Ley entrará en vigencia una vez sancionada y publicada en Gaceta Oficial.

Derogatorias

Artículo 130.- Se deroga la Ley Sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia de fecha el 03 de septiembre de 1998, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.531 así como las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Artículo 131.- Se deroga el artículo 393 del Código Penal.

Publicación de la Ley

Artículo 132.- Las publicaciones oficiales y privadas deberán ir precedidas de su exposición de motivos.

Dada firmada y sellada en el _ en Caracas, a los _ días del mes de de dos mil seis. Año ° de la Independencia y ° de la Federación.


mayo 20, 2010

mal funcionamiento programa PAE en la “ESCUELA BASICA LA PARAGUA”,

NOTA QUE NOS ENVIA AL CORREO: denuncias.educativas@gmail.com

ME DIRIJO A USTEDES PARA DENUNCIAR UN CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO DEL PAE, EN LA “ESCUELA BASICA LA PARAGUA”, DE CIUDAD BOLIVAR, ESTADO BOLIVAR.
LO QUE SUCEDE EN ESTA ESCUELA ES QUE LE EXIGEN A LOS REPRESENTANTES A COMPRAR ASI LA PERSONA NO TENGA, UN RECIPIENTE PARA DARLE LA COMIDA A LOS NIÑOS EXIGIENDO MARCA Y TIPO DE DICHO RECIPIENTE. POR OTRA PARTE Y LA MAS IMPORTANTE, DESDE QUE COMENZO ESTE PROGRAMA DE ALIMENTACION SOLO SE HA DADO COMIDA, UN MES, Y CONSIDERO QUE ES MUY POCO. LA RESPUESTA QUE HEMOS RECIBIDO ES; QUE NO SE DESCONGELO A TIEMPO EL POLLO, QUE NO LLEGO LA COMIDA, QUE LA COCINERA NO VINO, A LOS ALUMNOS DE LA MAÑANA NO SE LE DA ALMUERZO PORQUE ES PARA EL TURNO DE LA TARDE. Y LA TRISTE NOTICIA ES QUE CUANDO COMENZO ESTE PROGRAMA QUE LA GOBERNACION LES ENTREGO LA COMIDA, NO COMENZARON CON ESTO DE UNA VEZ, SI NO QUE HUBO MUCHA COMIDA QUE SE DAÑO E INCLUSIVE LAS TRABAJADORAS DE LA ESCUELA, “DIRECTORA Y COCINERAS”, SE LLEVARON LO QUE QUEDO… 
ES MUY LAMENTABLE QUE HABIENDO TANTOS NIÑOS DE BAJOS RECURSOS, QUE ASISTEN A LA ESCUELA CON LA ESPERANZA DE COMER, ELLAS NO LES DEN COMIDA SOLO PORQUE NO LES PARECIO COCINAR TEMPRANO… SOY UNA MADRE TRABAJADORA, Y QUE COLABORO EN LA ESCUELA AUN CUANDO NO TENGA PARA HACERLO, MIS HIJOS LLEGUEN A CASA CON LA NOTICIA DE QUE “HOY NO PERO MAÑANA SI”, Y ESTO A SIDO EL PAN DE CADA DIA…
 
SIN MAS A QUE HACER REFERENCIA SE DESPIDE DE USTEDES, UNA REPRESENTANTE, QUE DESEA UNA MINIMA SOLUCION.. GRACIAS

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SIN JUSTICIA SOCIAL Y SIN DERECHOS HUMANOS DE LA INFANCIA NO HAY REVOLUCION

abril 5, 2010

Campaña contra la esclavitud infantil siglo XXI

https://prodefensadelaeducacion.files.wordpress.com/2010/07/urbano4.jpg?w=300JOSE URBANO presidente de la ONG Pro defensa del derecho a la educación en Venezuela con motivo  de conmemorarse los 15 años de la muerte de Iqbal Masih, un niño paquistaní esclavizado en una fábrica de alfombras quien                                                  se convirtió en    un símbolo de la lucha contra la explotación infantil***

Cada 16 de abril se conmemora el Día mundial contra la esclavitud infantil.

El flagelo de la esclavitud infantil afecta millones de niños y niñas en todas partes del mundo, y Venezuela no está exenta del problema.

Es una campaña anual contra la violencia y esclavitud infantil y cuando no estamos en campaña sacamos un boletín llamado “boletín informativo de funda.pde de la explotación y esclavitud infantil para denunciar y romper el silencio ante  la opinión publica aquellas instituciones educativas que mantienen esclavizada a la infancia a producir dinero y para crear conciencia, de que los aportes económicos disfrazados de que es una colaboración  para mantener las escuelas se han convertido que un niño que asista una escuela Bolivariana sea un esclavo al ser obligado permanentemente a producir dinero para solucionar las carencias educativas , responsabilidad que es del Estado Venezolano y no de la infancia que sufre y soporta en silencio tales practicas, trayéndoles consecuencias psicológicas y traumáticas

Hacemos un llamado a la reflexión y denunciar la esclavitud infantil en contra de los niños y niñas que viven en situación de esclavitud laboral, en escuelas venezolanas, denuncia para que este tipo de gritos llegue hasta los más escondidos rincones bajo las mesas de los que mueven los hilos...

La única cosa necesaria para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada.

https://prodefensadelaeducacion.files.wordpress.com/2010/04/index_04.jpg?w=300Breve historia de Iqbal Masih

Iqbal Masih tenía cuatro años cuando su padre le vendió a una fábrica de alfombras de Punjab porque necesitaba un préstamo para pagar la boda del hijo mayor.
Para saldar al deuda Iqbal trabajaba doce horas al día trenzando alfombras por un a rupia diaria. Sin embargo, con los intereses desorbitados, la deuda no paraba de crecer. A los 10 años Iqbal asistió a un mitin sobre derechos humanos y su vida cambió radicalmente. Consiguió la libertad a través de una campaña del Frente de Liberación del Trabajo Forzado y se convirtió en un activo luchador contra el trabajo cautivo.

En 1994 Iqbal ganó el “Premio Reebok a la juventud en acción”, otorgado por la multinacional Reebok (empresa que, paradójicamente, fue en esos mismos años acusada también de emplear mano de obra infantil). En abril de 1995, cuando tenía 12 años, Iqbal fue asesinado a tiros cerca de Lahore mientras montaba en bicicleta. La mafia de las alfombras fue acusada del brutal crimen.

En 2000, a título póstumo, se le concedió el “Premio de los Niños del Mundo”. El escritor español Jordi Sierra i Fabra escribió un libro dedicado a él sobre el trabajo infantil

ENCIENDE UNA VELITA EN TU BLOG POR LOS NIÑOS QUE DEBEN NACER LIBRES  Y NO SER VICTIMAS DE LA EXPLOTACION Y  SER ESCLAVOS EN LAS ESCUELAS, ENCIENDE UNA TU TAMBIEN! AGREGALA A TU PAGINA.

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marzo 23, 2010

el papel de las ONG en la sociedad

         Las ONG en una sociedad y comunidades son la representación de la sociedad civil , y la voz de los mas débiles en una sociedad en donde el mayor papel a realizar es la defensa de los derechos humanos de la personas y de una forma y otra se convierten en un órgano impulsor de una sociedad para el respeto y cumplimiento de las garantía y derechos que tienen los seres humanos en una comunidad, este papel protagónico en el mundo de las ONG, ha hecho que a nivel mundial, sean exoneradas de impuestos en el cumplimiento de la misión para la que fueron creadas por que su fin es netamente social y no busca el lucro, pero esta figura sin fines de lucro y el protagonismo y la atención en el mundo, ha hecho que abogados o personas frustrados y mediocres que no tienen futuro y menos protagonismo en un sociedad, deciden conformar una ONG, que la mayoría de los caso es aprovechar los viajes que son pagados por organizaciones internacionales de derechos humanos y conocer países y darse a conocer para luego decir que son abogados o personas internacionales y aprovechar hacer turismo, también se da los caso de las personas que conforman ONG para captar la simpatía de la gente y darse a conocer para luego convertir el trabajo social en una plataforma para un espacio para la política partidista y aspirar un cargo político, como ha sucedido muchos de los que están en el gobierno nacional que vienen de la supuesta lucha de los derechos humanos este tipo de personajes e igual que las ONG que se ven amenazadas por el papel de la única ONG en Venezuela y Latinoamérica como lo es la fundación pro defensa del derecho a la educación, en oportunidades es victima de ataques descalificativos en contra de nuestra organización por que si defendemos  los derechos humanos y no negociamos nuestros   principios , ni los vendemos, en otros casos las ONG , han sido la vía para muchos artistas que ganan mucho dinero y tienen que pagar una gran cantidad de impuestos, conforman una ONG, para evadir impuestos, por que el supuesto dinero que utilizan y que para ayudar por ejemplo niños pobres nunca se ven, esto lo hacen también muchos empresarios conforman una ONG y que para ayudar en causas sociales, pero nunca hará una ONG para la promoción y defensa de los derechos humanos , por que el negocio no es la defensa de los derechos humanos, es  el negocio de proteger la fortuna y tratar de evadir el mayor impuesto posibles al país, ASI COMO EN VENEZUELA HAY MUCHAS SUPUESTAS ORGANIZACIONES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, PERO PIDEN DINERO A LAS ALCALDIAS , GOBERNACIONES Y EL GOBIERNO NACIONAL PARA SUPUESTO FUNCIONAMIENTO , Y SOLO UTILIZAN EL TEMA SOCIAL PARA LUCRARSE Y HACER NEGOCIOS CON LOS PERSONEROS DEL GOBIERNO , LA LEGISLACION INTERNACIONAL DEL DERECHO DICE: QUE QUIEN VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS SON LOS ESTADOS POR QUE ESTAN OBLIGADOS PROTEGER LAS VIDAS Y GARANTIZAR Y LOS BIENES NECESARIOS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS, Y LAS PERSONAS QUE NO TRABAJAN EN UNA INSTITUCION DEL ESTADO SOLO COMENTEN DELITOS COMUNES, ENTONCES NO PODREMOS HABLAR DE DEFESORIAS DE NIÑOS EN ESCUELAS PAGADOS POR EL ESTADO Y MENOS ONGs QUE RECIBEN APORTE ECONOMICOS DEL ESTADO VENEZOLANO

SIN JUSTICIA SOCIAL Y SIN DERECHOS HUMANOS NO HAY REVOLUCION

LA PRENSA DE VENEZUELA Y DEL MUNDO PROMUEVEN LA PROSTITUCION

JOSE URBANO presidente de la ONG prodefensa del derecho a la educación en venezuela, organización destinada a la defensa de los derechos humanos de la igual social  para la mujer y los derechos humanos de la infancia, denuncia la propagación de la explotación femenina por la prostitución de forma generalizada en la publicidad de los grandes diarios locales y nacionales ,luchando contra la trata de mujeres para la explotación sexual, subsiste una falta de ética en las empresas mediáticas que publican esos anuncios, al mismo tiempo que la prostitución aún está naturalizada para gran parte de la sociedad “empresarios y políticos cómplices por acción (consumo o intervención en la cadena de complicidades de la trata) u omisión (silencio, mirar para otro lado, no intervención) de la industria sexual”.
En algunos casos, incluso, los avisos van más allá de las ofertas sexuales: hay anuncios bajo el rubro “pedidos” en los que se ofrece “trabajo” a mujeres que obviamente deben tener “buena presencia” y a las que se ofrecen buenos porcentajes en las ganancias                                                         la ONG FUNDA.PDE,  ha manejado casos de madres que piden por la aparición de sus hijas, posiblemente capturadas por redes de trata.
“Debería crearse un código de ética por parte de los medios de comunicación, a través del cual se comprometan a finalizar con la publicación de ese tipo de avisos. Si no, terminan por ser cómplices de las redes de trata”,

La explotación sexual es una violación a los derechos humanos indicada por la ONU.                                                                                                                                                                                     Pero la práctica de la prostitución no está penada por ninguna legislación. Por lo que aparentemente en los avisos no hay presente un delito sino que son las mujeres las que ofrecen la actividad. Ellas son el gancho para los dueños de los locales, que no aparecen porque deberían ir presos.  Las redes de trata existen por el negocio de la industria sexual, que tiene diferentes actores: los que atienden los prostíbulos, reclutadores de las redes y los empresarios y políticos cómplices que no ponen la cara.
Las denuncias parecen no alcanzar para generar conciencia social. “Faltan años en los que debemos continuar peleando, porque la prostitución está naturalizada como algo que siempre estuvo y que es necesario”, indica jose urbano. En ese sentido, analizó que “los países latinoamericanos son muy machistas” y en ellos la prostitución se naturalizó a tal nivel que se dice que las mujeres la eligen porque “quieren plata fácil o lo prefieren antes que limpiar casas”.

LA FUNDACIÓN PRO-DEFENSA DEL DERECHO ALA EDUCACIÓN Y LA NIÑEZ, HA SOLICITADO EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PRENSA,LOCAL Y NACIONAL,  LA CREACIÓN DE UNA COLUMNA EDUCATIVA EN DERECHOS HUMANOS, PARA INFORMAR A COMUNIDADES  QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ACTIVE LA DENUNCIA EN AQUELLAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR PARTE MADRES Y PADRES, DONDE SE VULNEREN LO DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, ESTA FALTA DE INFORMACIÓN HA PERMITIDO QUE MAS DE 7 MILLONES DE NIÑOS CON LA EXCUSA QUE EL ESTADO NO DOTA UTILICEN A LOS NIÑOS EN REALIZAR ACTIVIDADES ECONÓMICAS   Y EL DINERO PRODUCIDO SEA QUITADO POR DOCENTE PRODUCIENDO LA MAYOR EXPLOTACIÓN INFANTIL ESCOLAR, LOS MEDIOS SE NIEGAN  A SOLICITUDES DE ESPACIO QUE INFORME SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS, PERO SI ABREN ESPACIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA PROSTITUCIÓN, SAQUE SUS PROPIAS CONCLUSIONES DE UN DIARIO LOCAL EN ANZOATEGUI, COMO ES EL DIARIO  LA HORA SERO  QUE LLEGA A LAS MASAS

https://es-la.facebook.com/diariodesandrita

ante la falta de medios comunicacion comprometidos con los derechos de los ciudadanos en Venezuela existe un analfabetismo en derechos humanos

SIN JUSTICIA SOCIAL Y SIN DERECHOS HUMANOS NO HAY REVOLUCION

marzo 13, 2010

CORRUPCION EN LA FUNCION DE LAS A.C.P.R DE LAS ESCUELAS Y LICEOS BOLIVARIANOS

En todo plantel educativo funciona una (A.C.P.R) asociación civil de padres y representantes que el deber ser: es ejercer la contraloría social y exigir a las autoridades o entes privados los aportes respectivo que les tocaría designar en materia de educación a las instituciones educativas, que según el estado venezolano en Latinoamérica el presupuesto mas alto en inversión educativa se realiza en Venezuela, que destina el 7% de lo que produce la renta petrolera, supuestamente para construir nuevas escuelas, dotar y reparar , pero la realidad venezolana es otra en el país el 95% de las instituciones educativas están deterioradas por que el estado venezolano no aporta e invierte en materia de educación, creando la situación propicia en la escuelas publicas de las oportunidades a los directivos corruptos que aprovechan la crisis para hacer dinero y fortuna, con la asociación civil de padres y representantes que será una figura decorativa pero una dependencia del director controlado y manejados, que la conformaran en los mayoría de los casos siempre será un pequeño grupo que casi nunca superan las 15 personas que son los amigas(os) de confianza y cómplices en la firma de los supuestos acuerdos, los cuales el directivo exonera de pagos durante el año escolar , pero estos firmantes tienen el compromiso a obligar y coaccionar a los que no firmaron dicho acuerdo a pagar las contribuciones, utilizando el amedrentamiento ,y terror psicológico, los padres deben pagar cuotas economicas guardando silencio , por que si no se perjudicara la estabilidad y el cupo del niño en la Escuela, estas personas se convierten en el brazo ejecutor del director en la imposición de dichas cobranzas económicas disfrazadas de colaboración basándose en una supuesta asamblea decidirán imponer cuanto pagarán los padres por estudiar los hijos y no para reclamar que el estado o autoridades le hagan llegar el aporte que por ley les tocaría , con el disfraz que es una colaboración se realizan dichos cobros dinero que no manejara la asociación civil si no el director del plantel educativo, violando así la gratuidad de la educación contemplado en los artículos 102 y103 (CRBV) pero lo mas grave es que según ellos eso es legal por que lo decidió una asamblea de padres y representantes que todos sabemos que nunca cumplen ni asisten el 50% mas 1 , como lo establecen los estatuto de las organizaciones civiles y para ser legal tal decisión siempre y cuando no viole las leyes, esta situación de las A.C.P.R , de manera inocente o por desconocimiento de la constitución y leyes por dejarse manipular y cumplir con las instrucciones dictadas por el ciudadano director que esta fuera de la ley al violar la gratuidad educativa y el derecho humano a la educacion e imponer un peaje económico, se esta frente a la conformación de bandas de delincuentes en las escuelas venezolanas donde el directivo seria el jefe de  LA DELICUENCIA ORGANIZADA , pero lo mas sorprendente es que el grupo firmante obliga a pagar cuotas económicas casi siempre a mas de 500 padres y representantes, el articulo 25 (CRBV) dice todo acto dictado en el ejercicio del poder publico que viole o menoscabe los derechos garantizados por la constitución es nulo y los funcionarios publicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa según los casos sin que sirvan de excusa ordenes superiores , La fundación pro defensa del derecho a la educación en la lucha por hacer posible y garantizar el derecho a la educación, investigo como es la estrategia para imponer los COBROS DE VACUNAS O  PAGOS ESCOLARES  en escuelas publicas y privadas

Escuelas Públicas: en la visita a las escuelas publicas hablando con los directivos le solicitamos explicación el por que del cobro de matriculas escolares disfrazados de colaboración que esta prohibido , nos manifiestan esa es una decisión de padres y representantes en asambleas , y no es obligado es el que pueda dar tal aporte, y mostraban el libro de donde algunos padres y representantes estaban siendo exonerados, pero que extraño las mismas personas exoneradas por que no podían pagar eran las mismas que firmaban el acuerdo de pagar y obligar a pagar a los que no firmaron tal acuerdo, esta situación se repitió siempre donde pedimos las actas del supuesto acuerdo. Con esto detectamos, que el grupo exonerado y firmado forma parte del grupo personas que controla el director para cobrar el derecho a la educación

Colegios Privados: la estrategia del dueño del colegio privado es convocar a tres (3) asamblea de padres y representante para el mismo día, en dicha convocatoria dice, que la primera se realizara el día x a las 3pm, la segunda asamblea se realizara a las 3:30 pm del mismo día, y la tercera asamblea y ultima se realizar a las 4:00pm de ese mismo día, para aprobar los aumentos de las matriculas escolares por supuesto siempre estará invitado de manera prácticamente secreta el grupo minoritario que controla el dueño del colegio privado, donde el decidirá cuanto tendrán que pagar, los padres por enviar sus hijos a el colegio privado, situación totalmente irregular, por que cada asamblea extraordinaria debe realizarse con 48 de anticipación, es decir debe existir un espacio mínimo entre asamblea extraordinarias de tiempo de 2 días de anticipación para poder realizarse, así de manera irregular el dueño del colegio cumple con las tres asambleas para tomar la decisión del nuevo aumento La falta de información sobres las leyes, de organización y la verdadera participación de los padres y representantes en las escuelas e independencia y poca conciencia de las consecuencias que traerá a niños(as) y adolescentes que sus padres no puedan cumplir con los pagos económicos, lo sufrirán los niños venezolanos que no tendrán futuro por dejarse manipular, las asociaciones civiles en escuelas solo servirán para atropellar, amenazar e intimidar aquellos padres que no puedan pagar las imposiciones económicas de un director o dueño de colegio privado

la fundación pro defensa del derecho a la educación ofrece de manera gratuita un taller para padres y representantes como elaborar las cartas y la participación para exigir al estado venezolano el cumplimiento de la responsabilidad social con las escuelas, esto con el objeto de evitar que en las escuelas se les pidan contribuciones económicas a los padres y así se garantice el derecho a la educación gratuita sin exclusión ni discriminación social y que las asociaciones civiles de padres y representantes sean contralorias social o sirvan como comites de reclamos para la dotacion y reparacion de las escuelas y no la caja chica del director de turno.

SIN JUSTICIA SOCIAL Y SIN DERECHOS HUMANOS NO HAY REVOLUCION

ENVIENOS SU NOTICIA DENUNCIAS PARA PUBLICARLA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EMAIL: denuncias.educativas @gmail.com

octubre 13, 2008

LA CIRCULAR 42 DEL MINISTERIO POPULAR PARA LA EDUCACION QUE OCULTAN Y VIOLAN DIRECTORES DE ESCUELAS Y LICEOS

CIRCULAR No.42 CARACAS,26 DE OCUBRE DE 1.993

LA DIRECCION GENERAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN VIRTUD DE LA SERIE DE IRREGULARIDADES QUE SE VIENEN SUCEDIENDO EN LOS PLANTELES PUBLICOS Y PRIVADOS CORRESPONDIENTES A LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO, ESTABLECE LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS CUYO CUMPLIMIENTO SERA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES DE ZONAS EDUCATIVAS .

EN CONSECUENCIA QUEDA PROHIBIDO:

1- EXIGIR UNIFORMES DE GALA A LOS ALUMNOS COMO REQUISITO PARA ASISTIR A DETERMINADOS ACTOS ESCOLARES
2-SOLICITAR CUOTAS EXTRAORDINARIAS A LA SOCIEDAD DE PADRES Y REPRESENTANTES SIN HABER CUMPLIDO CON EL ARTICULO 59 DE LA RESOLUCION No.751 REFERIDO AL REGIMEN COMPLEMENTARIO DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (more…)

octubre 28, 2007

Escuela en mal estado en el sector “El Viñedo” de Barcelona -ANZOATEGUI

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