A partir de los últimos hechos de violencia ocurridos en el país en los que se han visto involucrados niños y niñas, la Defensoría del Pueblo asumió como tarea para el próximo año trabajar por la abolición del castigo físico en el proceso de enseñanza y promoverlo como política de Estado. La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, hizo este anuncio y manifestó que la abolición del castigo físico es un derecho que está en la Ley de Orgánica Protección al Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), pero hay que promoverlo.
“En el caso de Guanare (el niño asesinado), esto nos ha llevado a reflexión (…) consideramos que pudo trabajar la escuela, porque se hizo público que el niño no asistía a clases desde el mes de octubre. En otros países, como en Argentina, si un niño falta más de tres días, los maestros llaman a la familia y es obligatorio que los padres consignen un reposo”, aclaró.
Explicó que los sistemas de salud y educativo pueden trabajar en la detección temprana, por ejemplo, cuando un niño deja de ir a la escuela o acude a un médico y éste le ve marcas de maltrato en el cuerpo. “Es una manera de iniciar una investigación a partir de ese hecho”, acotó la defensora.
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