Fundación Pro-Defensa del Derecho a la Educación

septiembre 22, 2010

“Papás no envían a niños a clases pues no tienen ni para la merienda”

Filed under: la voz que rompe el silencio — Etiquetas: , — prodefensadelaeducacion @ 4:55 pm

https://i2.wp.com/coleccion.educ.ar/coleccion/CD9/contenidos/img/sobre/nenes_escuela.jpgBarrio La Guajirita II de Maracaibo (estado Zulia). Al menos 80 por ciento de la población es wayuu. Hasta hace siete años allí no había una escuela. En el patio de la casa de un vecino, debajo de los árboles, surgió uno de esos llamados espacios alternativos. El empeño de la comunidad y la ayuda de la Gobernación del Zulia lo transformaron años después en la Escuela Intercultural Bilingüe Bella Esperanza. Corría el año escolar 2003-2004 cuando Zuleima Quintero llegó como directora. No precisó cantidades, pero sí recuerda que había muchos niños y niñas no escolarizados en ese entonces.

Los padres y madres alegaban no disponer de los recursos económicos suficientes para enviarlos a clases, y desconocían las oportunidades de estudio que esta escuela social de avanzada les ofrecía: el Programa Alimentario Escolar Zuliano (Paez), la dotación de textos escolares a través del Programa Rafael María Baralt, el acceso a Internet y las nuevas tecnologías en su Aula Virtual.

La profesora Quintero ahora nota que toda esa desmotivación hacia la educación formal no es exclusiva de la cultura wayuu. Desde hace tres años y medio ejerce la dirección de la escuela Doctor Orángel Rodríguez, en Sabaneta. Allí está rodeada por comunidades no indígenas, de clase media, y después de 28 años de ejercicio docente continúa encontrando excusas económicas en los padres. “Dicen que no tienen dinero para la merienda o para un cuaderno. Nos toca sensibilizarlos para que no dejen de enviar a los niños sólo porque no tiene un pantalón o comida. Ya no hay obstáculos como antes para estudiar. Ahora hay muchas oportunidades”.

Además, la ley los obliga. La nueva Ley Orgánica de Educación (LOE), en su artículo 6, numeral 2, literal a, establece que el Estado supervisa la “obligatoriedad de la educación y establece los mecanismos para exigir a las comunidades, familias, padres, madres y representantes el cumplimiento de este deber social”.

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