Fundación Pro-Defensa del Derecho a la Educación

junio 15, 2010

10 mil niños y adolescentes podrían ser adoptados en Argentina -pero la Justicia los mantiene encerrados-

Si bien no existen estadísticas certeras, se estima que diez mil bebés, niños y adolescentes que podrían ser adoptados están encerrados en institutos y hogares de menores de la Argentina. Son sólo el 30 por ciento de los menores de edad que están privados de libertad. La Justicia, gobiernos y hasta las ONG siguen prefiriendo sacar a los niños de sus hogares para encerrarlos en institutos por causas asistenciales, aunque rechazan que sean dados en adopción porque hay que “privilegiar el vínculo biológico”. ¿Hipocresía, impericia o negocio?


Ciudad de Buenos Aires, 15 Jun, .- En nuestro país existe una ciudad invisible de más de 10 mil personas en la que sólo viven bebés, niños y adolescentes que son huérfanos o tienen padres que no cumplen ese rol. Existen, y aunque no están juntos, son invisibles; están encerrados en hogares o institutos de menores. Podrían ser dados en adopción y escapar de esa ciudad, pero la burocracia estatal y la preferencia de la Justicia por la cultura del encierro les ha tendido una trampa. El 40 por ciento de estos chicos tendrá primero la calle y luego la cárcel en el porvenir que el Estado tutelar les ha predestinado.

Se trata del desolador panorama que describen a PERFIL casi una decena de expertos en infancia, legisladores y organizaciones civiles. Se estima que hay 40 mil menores de edad encerrados por el Estado; la enorme mayoría de ellos no por cometer delitos. Están allí, explican todos, “por la vieja cultura del patronato, amparada en una ley de 1919 que supone un Estado tutelar que debe velar por los niños” y justifica su encierro en casos de pobreza o desamparo.

En 2005, vivían en el país al menos 19.579 menores de edad encerrados en orfanatos, institutos y centros privados, 87,1 por ciento de los cuales estaba por situaciones asistenciales (pobreza, violencia y desamparo, entre otras causas), y el resto (el 12,1 por ciento) por cometer ilícitos. Son cifras parciales de Unicef y de la Secretaría de Derechos Humanos, que sugieren que serían más de 30 mil los niños privados de libertad.

“El número no ha decrecido, más bien ha aumentado, los jueces los siguen derivando a institutos y tenemos 40 mil encerrados, de los cuales fácilmente el 30 por ciento podría ser dado en adopción”, explicó a PERFIL Ana María Dubaniewicz, una psicóloga con tres libros y una novela escritos sobre el tema. Cita como ejemplo más paradigmático al hospital Sbarra, de La Plata, donde “hay permanentemente entre 120 y 130 bebés y niños de hasta 4 años, de los cuales 40 podrían ser adoptados”, algo que no sucede. ¿Por qué? Dice que “hay un Estado muy presente para que nadie ni nada cambie”, y denuncia que las trabas burocráticas favorecen la existencia del “negociado” de la adopción ilegal, en el que están metidos “profesionales, médicos e intermediarios”.

La diputada Cynthia Hotton, quien desde hace dos años estudia el tema, añade que “la gran traba” es que la ley y la Justicia priorizan el vínculo biológico por sobre los intereses del niño: “Muchos padres no lo dan en adopción por una cuestión de orgullo o porque cobran subsidios aun viéndolos sólo una vez por año, mientras que las instituciones los prefieren adentro de los institutos por muchas otras cuestiones.” Una de ellas, según los expertos, es que los institutos y ONGs reciben entre 3 mil y 6 mil pesos por niño, “un negocio que no muchos quieren perderse”.

Con por lo menos 10 mil chicos que necesitan y pueden ser adoptados y la misma cantidad de parejas que buscan adoptar, “lo único que tenemos que hacer es favorecer que ambos se junten”, dice la diputada, quien presentó un proyecto para reformar la ley de adopción.

El proyecto pone plazo de dos años a los jueces para que consigan una familia a los niños, permite que los hijos no deseados puedan ser entregados en dependencias oficiales sin que sus madres sean penalizadas por abandono de persona y que puedan hacerlo en forma anónima. Además, reduce de 12 a 6 meses el tiempo en que los padres pierden la patria potestad en caso de no visitarlos.

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